La Contraloría General de la República ha anunciado el inicio de una auditoría forense exhaustiva en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Esta medida se toma tras el surgimiento de diversas denuncias que señalan presuntas irregularidades en el manejo de descuentos salariales aplicados a los trabajadores de dicha institución educativa.
De acuerdo con la información suministrada por el organismo fiscalizador, la investigación se centrará específicamente en los descuentos realizados a los colaboradores universitarios. La sospecha principal radica en que estos fondos presuntamente no habrían sido transferidos de manera oportuna a las entidades correspondientes. Esta situación ha generado una preocupación creciente, ya que afecta directamente derechos fundamentales vinculados con la seguridad social y compromete la estabilidad financiera tanto de los docentes como del personal administrativo y funcionarios de la universidad.
Este anuncio de la Contraloría ocurre en un clima de alta tensión laboral. Recientemente, la Asociación de Profesores de la Unachi manifestó su postura oficial declarándose en un “estado de alerta máxima”. A través del comunicado 005-2026, el gremio docente denunció la crisis presupuestaria y administrativa que atraviesa la institución, poniendo el foco en el manejo opaco de los descuentos salariales. En dicho documento, el gremio responsabilizó directamente a la administración encabezada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, calificando la situación actual como “inaceptable”.
El objetivo primordial de la auditoría forense, según detalló la Contraloría General de la República, será verificar el destino final de los fondos descontados de los salarios. Asimismo, la entidad busca determinar la existencia de irregularidades administrativas o financieras y establecer las responsabilidades legales correspondientes. Todo este proceso se llevará a cabo estrictamente bajo el marco constitucional y el marco legal vigente en el país.
En relación con el principio de autonomía universitaria, la Contraloría emitió una declaración contundente para justificar su intervención. La entidad señaló que, si bien reconocen y respetan la autonomía de la universidad, existen límites claros cuando se trata de la protección de los derechos de los trabajadores. El organismo reiteró que ninguna autonomía institucional puede prevalecer sobre el correcto manejo de los recursos del Estado, ni sobre los principios de transparencia y rendición de cuentas que la ciudadanía exige a las instituciones públicas.
Paralelamente al anuncio de la auditoría, ha surgido una fuerte controversia respecto a la continuidad de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas en su cargo. El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que la rectora comunicó voluntariamente su decisión de renunciar a la máxima autoridad de la Unachi. Según el reporte del ministerio, esta comunicación se dio durante una reunión sostenida el pasado 11 de mayo de 2026 con la ministra de Educación, Lucy Molinar.
El Meduca detalló que la señora Medianero de Bonagas acudió de forma personal a las instalaciones de la entidad, ubicadas en Cárdenas, corregimiento de Ancón. Durante este encuentro, además de manifestar su voluntad de dejar el cargo, la rectora solicitó formalmente el pago de sus prestaciones laborales. El Ministerio de Educación hizo pública esta información para informar a la ciudadanía sobre el estado de la gestión rectoral en la universidad chiricana.
Sin embargo, la propia Universidad Autónoma de Chiriquí ha emitido una versión contradictoria. A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales este mismo martes, la Unachi informó que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas continúa desempeñando sus funciones en el puesto. La institución fue enfática al señalar que cualquier información que indique lo contrario, incluyendo los reportes sobre su renuncia, es totalmente “infundada”.
Este escenario deja a la institución en una situación de incertidumbre administrativa, mientras la Contraloría General de la República avanza en sus investigaciones para esclarecer el destino de los fondos salariales y asegurar que se respeten los derechos de los colaboradores de la universidad.
