El panorama de la movilidad urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha experimentado una transformación profunda en la última década. El crecimiento sostenido de los servicios de viajes gestionados a través de aplicaciones móviles ha modificado significativamente la manera en que los ciudadanos se trasladan por la capital. En los últimos diez años, este sistema se ha consolidado como el segundo medio de transporte más utilizado por los habitantes, situándose únicamente por detrás del uso del automóvil propio.
Este fenómeno ha sido impulsado, en gran medida, por el incremento constante de los costos asociados a la tenencia, el uso y el mantenimiento de un vehículo particular. Ante este escenario, una cantidad creciente de personas ha optado por delegar sus traslados en las plataformas digitales. La magnitud de esta tendencia queda reflejada en las cifras proporcionadas por las propias empresas del sector, las cuales indican que, solo en el último año, más de 10.000.000 de personas eligieron este sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de conflictos. El aumento de los costos operativos no solo ha afectado a los usuarios de autos particulares, sino que se ha trasladado también a los choferes que operan bajo el modelo de aplicaciones. En el último tiempo, se ha registrado un incremento en las quejas relacionadas con el estado general de los vehículos y las condiciones en las que se prestan los servicios, evidenciando un desgaste en la calidad de la oferta.
A su vez, la expansión de estas plataformas generó una marcada polarización en el mercado de transporte individual, afectando directamente a los sectores tradicionales de taxis y remises. Esta situación se vio agravada por el hecho de que los taxis deben cumplir con una serie de normativas y condiciones estrictas que, hasta el momento, no se aplicaban a los conductores de las aplicaciones, creando una disparidad en las reglas de juego.
Para abordar esta problemática y buscar un equilibrio entre ambos sistemas, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció la implementación de un paquete de reformas integrales. Estas medidas se ejecutarán a través de una combinación de decretos, resoluciones y un proyecto de ley que será remitido a la Legislatura porteña. En total, el paquete incluye unas 18 modificaciones que abarcan cambios regulatorios, la eliminación de trámites burocráticos y la imposición de nuevas obligaciones para los conductores de aplicaciones.
Una de las medidas más destacadas es la obligatoriedad de contar con una licencia de conducir profesional habilitante para operar en las aplicaciones, sustituyendo la exigencia de la licencia particular. Para evitar que esto impacte negativamente en la actividad laboral inmediata de los choferes, el gobierno implementará un sistema de trámite abreviado que agilice la obtención de dicha licencia. Asimismo, se ha establecido un plazo de 90 días para que los conductores se adecuen a estas nuevas reglamentaciones.
Esta transición hacia la licencia profesional conlleva otra modificación importante: la edad mínima para ser chofer de aplicación pasará a ser de 21 años. Este cambio es una consecuencia directa de la aplicación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, la cual establece los requisitos mínimos de edad para obtener la licencia profesional en todo el territorio nacional.
En materia de seguridad y control, la nueva normativa exigirá a los conductores la contratación de una póliza de seguro específica, diseñada para este tipo de aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Además, se reforzará la exigencia de tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. Si bien esta es una obligación preexistente, las autoridades realizarán revisiones especiales sobre los vehículos que trabajen con aplicaciones para asegurar su cumplimiento.
Paralelamente, el Gobierno de la Ciudad busca simplificar las condiciones para los taxistas, quienes han visto reducida su clientela. Entre las modificaciones más llamativas se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de conducir vistiendo camisa durante la prestación del servicio. También se avanzará en la modernización administrativa mediante el reemplazo de las credenciales físicas por versiones digitales y la eliminación de la exigencia de turnos fijos.
Otra medida con impacto significativo para los taxistas es la eliminación de la necesidad de presentar un escribano público para llevar a cabo la transferencia de licencias. Asimismo, se habilitará el uso de vehículos familiares de hasta ocho plazas y se reducirá la capacidad mínima exigida para los autos. Esta última reforma permitirá la incorporación de vehículos más pequeños y económicos, adaptándose a la realidad del mercado automotor actual.
Gracias a estos cambios, la flota de taxis podrá integrar vehículos tipo SUV con tres filas de asientos o minivans con capacidad similar. Al mismo tiempo, se permitirá la entrada de autos compactos como el Renault Kwid y el Fiat Mobi, e incluso modelos 100% eléctricos como el JMEV Easy y el BYD Dolphin Mini, diversificando así la oferta del transporte individual de pasajeros con chofer en la ciudad. Estas reformas forman parte de un proyecto de ley para la Simplificación del Sistema de Taxis que será enviado próximamente a la Legislatura.
