El pasado lunes 25 de mayo de 2026, una delegación conformada por profesionales jubilados del gremio de enfermería del estado Táchira se trasladó hasta las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de San Cristóbal. El objetivo de esta movilización fue consignar formalmente dos documentos de protesta dirigidos a las autoridades, en los cuales expresan su rechazo y denuncia frente a las medidas implementadas por el Gobierno nacional que afectan directamente su calidad de vida.
La entrega de los documentos estuvo a cargo de Daniel Lizcano, quien se desempeña como presidente del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del estado Táchira. Durante el acto, el dirigente gremial explicó que el primer documento presentado se enfoca primordialmente en la vulneración de los derechos laborales. En este texto, el gremio expone la falta de respeto hacia las normativas laborales vigentes y denuncia la ausencia del bono de responsabilidad, un beneficio fundamental para el personal sanitario de la región que no ha sido otorgado.
Dentro de las propuestas incluidas en el primer documento, el gremio de enfermería solicitó que se permita la doble contratación en las instituciones públicas de salud. Según argumentan los profesionales, esta medida es necesaria para evitar que se desencadene un déficit crítico de talento humano en los centros asistenciales, permitiendo que el personal pueda mejorar sus ingresos sin abandonar el servicio público. Asimismo, los manifestantes exigieron la intervención inmediata del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) para que se realicen evaluaciones exhaustivas sobre el ambiente laboral y se aseguren los recursos indispensables para el funcionamiento de la red hospitalaria y ambulatoria del estado.
El segundo documento consignado ante la Defensoría del Pueblo tiene un carácter más jurídico y constitucional. En él se detallan diversas violaciones a los derechos constitucionales que afectan al personal jubilado. Los voceros del sector manifestaron que los pensionados se sienten "fusilados y burlados" por las acciones del Ejecutivo Nacional, asegurando que han llegado a un punto de agotamiento debido a la situación de precariedad en la que se encuentran.
Una de las voces más críticas durante la jornada fue la de Marina Galvis, licenciada en enfermería y vocera del gremio. Galvis, quien posee una trayectoria profesional extensa con 42 años de servicio en el Hospital Central de San Cristóbal y otros 25 años en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), denunció que los pensionados han sido excluidos de los beneficios básicos. Según su testimonio, los jubilados no son tomados en cuenta para los aumentos salariales, ni cuentan con pólizas de salud o prestaciones sociales adecuadas.
Con indignación, Galvis subrayó la insuficiencia de los ingresos actuales, señalando que una pensión de 325 bolívares es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona de la tercera edad. Además, denunció que del bono integral, el monto que finalmente llega a los beneficiarios es solo la mitad de lo correspondiente, lo que agrava la crisis económica del sector.
La crisis no es un caso aislado, sino un problema sistemático. De acuerdo con los datos suministrados por el gremio, entre diciembre del año 2020 y febrero de 2026, un total de 389 profesionales de la enfermería fueron jubilados en la región tachirense. Ninguno de estos profesionales ha percibido las reivindicaciones económicas establecidas legalmente.
A esto se suma la denuncia sobre el impacto devastador de la reconversión monetaria sufrida por quienes pasaron al retiro entre los años 2018 y 2020. Los afectados relataron que, debido a este proceso económico, sus prestaciones sociales acumuladas durante décadas de labor fueron pulverizadas, percibiendo montos que no alcanzaban ni siquiera la equivalencia de un dólar estadounidense.
El caso de la licenciada Belkis Rodríguez ejemplifica esta realidad. Rodríguez, quien alcanzó estudios de cuarto nivel incluyendo maestrías y postgrados, dedicó 40 años de su vida profesional al Hospital de San Cristóbal. A pesar de su alta cualificación y años de servicio, la devaluación monetaria eliminó sus ahorros. Actualmente, Rodríguez relató que se ve obligada a sobrevivir mediante trabajos independientes ajenos a su profesión, ya que no ha logrado conseguir vacantes en el sector privado ni cuenta con el apoyo de remesas familiares.
Ante este escenario, el gremio de enfermería del Táchira hace un llamado urgente a las organizaciones competentes para que se realicen las evaluaciones pertinentes y se apliquen ajustes inmediatos a los beneficios laborales que se encuentran rezagados, buscando restituir la dignidad de quienes dedicaron su vida al cuidado de la salud pública.
