El panorama político peruano se encuentra en un momento de alta volatilidad y controversia mientras el país se encamina hacia la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio. Diversos incidentes, declaraciones polémicas y tensiones internas en los partidos políticos han marcado la agenda reciente, evidenciando un clima de confrontación y cuestionamientos institucionales.
Dentro de las novedades de las coaliciones, el partido Juntos por el Perú ha continuado con la incorporación de nuevas figuras a sus filas. La más reciente es la del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández. Su presentación no estuvo exenta de polémica, ya que Fernández afirmó que "la gran mayoría de jueces y fiscales son delincuentes", declaración emitida sin percatarse de la presencia de José Domingo Pérez. Cabe recordar que Arturo Fernández fue vacado de su cargo hace algunos años debido a un proceso por difamación agravada.
En el ámbito de Juntos por el Perú, también se reportaron incidentes en la región de Lambayeque. Ernesto Zunini, secretario general de la organización, tuvo que acudir a la comisaría para denunciar el robo de su billetera durante una actividad de proselitismo. Este hecho ocurrió en un contexto tenso, ya que previamente, seguidores del mismo partido habían detenido a un miembro de la policía, acusándolo precisamente de haber cometido el robo.
Por otro lado, el candidato Roberto Sánchez ha centrado parte de su estrategia en desafiar a Keiko Fujimori a participar en debates públicos. Sánchez ha insistido en que estos encuentros se lleven a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Chota, argumentando que el voto rural de Cajamarca y Chota no debería asustar a la candidata Fujimori. No obstante, esta postura contrasta con sucesos recientes, pues hace pocos días, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que habían tomado el campus de la "Decana" expulsaron a Sánchez del recinto.
La situación de Roberto Sánchez también presenta desafíos internos respecto a sus alianzas. Existe una preocupación manifiesta sobre el impacto de Antauro Humala en sus posibilidades de éxito en una segunda vuelta, considerándose que su presencia podría restar más de lo que suma. En este sentido, figuras como Harvey Colchado, virtual diputado por Ahora Nación, han solicitado públicamente que se realice un corte con los etnocaceristas.
En el plano económico, la propuesta de Sánchez sobre el aumento del sueldo mínimo ha sido blanco de críticas debido a la realidad laboral del país. Con más del 70% de los trabajadores en la informalidad —lo que representa aproximadamente 9 millones de personas—, sumado a los autoempleados y trabajadores familiares no remunerados, se argumenta que dicha medida es puro populismo, ya que no tendría un impacto real en la gran mayoría de la fuerza laboral.
Respecto a Keiko Fujimori, la actividad política se ha trasladado también a los equipos técnicos, donde se registró un intenso debate entre sus asesores y los de Roberto Sánchez. Asimismo, Fujimori fue destinataria de un inusual pedido de Alfonso López-Chau, exrector de la UNI. A través de un formato similar a un "mensaje a la nación", López-Chau se dirigió a ella como si ostentara la presidencia del país para solicitarle que detenga el proyecto de ley que busca la reelección de rectores en las universidades públicas. En paralelo, Carlos Espá ha advertido que votar en blanco en este proceso electoral equivaldría a entregar el país a Roberto Sánchez.
A nivel logístico y de supervisión, la ONPE ha informado sobre el cambio de locales de votación en diversos distritos de Lima para la segunda vuelta. Por su parte, la comunidad internacional mantiene una vigilancia estrecha. El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, confirmó que liderará la misión de observadores electorales de su país el 7 de junio, asegurando que Washington expondrá cualquier acto fraudulento en caso de que se detecte un fraude electoral.
Finalmente, el sector jurídico no ha quedado exento de conflictos. Delia Espinoza, ex fiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, se encuentra en una disputa con su antecesor, Martín Belaunde. Este último ha denunciado que Espinoza estaría violando el estatuto del gremio al intentar instalar un Tribunal de Honor que no le correspondería, generando una nueva crisis institucional dentro del colegio profesional.
