Cientos de prisioneros se tomaron el pasado domingo las instalaciones del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en un levantamiento destinado a denunciar presuntas torturas cometidas por las autoridades carcelarias y a exigir la destitución inmediata del director del penal. La situación fue constatada por periodistas locales, quienes reportaron que los reclusos se agruparon en el techo de la estructura para hacer visibles sus demandas.
Durante la jornada de protesta, los internos colgaron diversas pancartas con mensajes urgentes solicitando auxilio. En algunas de estas señales se podía leer claramente la palabra «SOS», mientras que en otras se leía «Nos torturan» o «No más tortura». Como medida de protección o anonimato, varios de los presos mantenían sus rostros cubiertos mientras se manifestaban desde las alturas del centro penitenciario.
El escenario en el Injuba, ubicado en el estado Barinas, tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez y situado a unos 500 kilómetros de la capital, Caracas, se tornó crítico. Grandes columnas de humo negro se elevaban desde el recinto, producto de que los prisioneros incendiaron colchones y sábanas como forma de llamar la atención sobre su situación.
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Agentes equipados con escudos rodearon la estructura del penal para contener la situación. Simultáneamente, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela iniciaron maniobras para entrar en el Centro de Internamiento Judicial de Barinas. Esta acción generó fuertes tensiones en el exterior, donde decenas de familiares de los reclusos aguardaban ansiosos y, en muchos casos, intentaron impedir el paso de los efectivos militares para evitar posibles represalias contra los internos.
Entre los testimonios recogidos en el lugar destaca el de Yelitza Arrollo, quien manifestó a la prensa la angustia de no tener noticias de su hijo, recluido en dicho penal, desde el pasado 8 de mayo. Arrollo denunció que su familiar se encuentra encerrado y ha sido víctima de agresiones físicas. Según sus declaraciones, los internos están sufriendo maltratos severos, detallando que han sido golpeados, sometidos a baños de agua fría, descargas eléctricas y quemaduras. Ante estos hechos, la madre exigió enfáticamente la destitución del director del centro.
De acuerdo con los familiares presentes en las afueras de la prisión, existen varios prisioneros heridos como consecuencia de los incidentes y los maltratos denunciados. Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el motín ni sobre las acusaciones vertidas por los reclusos y sus parientes.
Por su parte, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que los reos aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas sistemáticas. El OVP señaló además que los internos han sido sometidos a requisas violentas, procesos durante los cuales las autoridades proceden a destruir las pertenencias personales de los presos dentro de sus celdas.
En cuanto a la magnitud de la protesta, el OVP reportó que aproximadamente 1.200 hombres y más de 100 mujeres se declararon en huelga dentro de esta prisión, sumándose al reclamo colectivo contra las condiciones del centro.
Este episodio se enmarca en un contexto de crisis penitenciaria prolongada. Durante años, diversos activistas han denunciado que las cárceles venezolanas padecen de un hacinamiento crítico, un suministro precario de alimentos y una falta alarmante de atención médica básica. A estas deficiencias se suman las denuncias sobre retrasos procesales excesivos en los juicios y violaciones sistemáticas de los derechos humanos dentro del sistema carcelario del país.
