El denominado "modelo Bukele" ha generado un fuerte atractivo en diversos sectores y actores, tanto estatales como no estatales, dentro y fuera de América Latina. Sin embargo, analistas y especialistas en calidad democrática advierten sobre un desconocimiento generalizado respecto al trasfondo real de este fenómeno, sus antecedentes y las profundas implicaciones que ha tenido para la vigencia de la democracia y el Estado de derecho en El Salvador.
Para comprender el escenario actual, es necesario remontarse a la cruenta guerra civil que azotó a El Salvador entre 1980 y 1992, conflicto que dejó miles de víctimas, desaparecidos y desplazados, muchos de los cuales emigraron a Estados Unidos. El fin de las hostilidades llegó con los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, los cuales dieron paso a la creación de la Policía Nacional Civil y la transformación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en un partido político.
Paralelamente, las pandillas locales surgieron en la década de los 70, evolucionando hacia formas criminales y violentas debido a factores de riesgo desatendidos por el Estado, la pobreza y las secuelas de la guerra, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Grupos como la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18 se originaron en Los Ángeles como refugios para migrantes centroamericanos ante la discriminación racial, para luego ser repatriados y deportados a El Salvador durante los años 90.
A pesar de sus diferencias ideológicas, los gobiernos anteriores, tanto del FMLN como de Arena, implementaron políticas de "mano dura" y "supermano dura". No obstante, el International Crisis Group concluyó que estos enfoques punitivos y represivos no lograron frenar el crecimiento de las pandillas. En este contexto de desgaste del sistema bipartidista y corrupción, emergió la figura de Nayib Bukele. Tras militar en el FMLN y ser alcalde de San Salvador, Bukele fue expulsado del partido en 2017 y lanzó su candidatura presidencial en 2019 bajo la bandera del partido GANA, captando a un electorado desencantado con un discurso antisistema.
La experta chilena Lucía Dammert ha calificado la estrategia inaugural de Bukele como una "antimemoria", al renegar del pasado del país. El giro hacia el autoritarismo se hizo evidente en febrero de 2020, cuando el presidente, ante la falta de aprobación legislativa de su Plan Control Territorial, irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado de policías y soldados armados, amenazando con medidas severas. Aunque la Corte Suprema declaró este acto como inconstitucional, marcó el inicio de una serie de medidas que hoy definen el modelo Bukele.
Este modelo no se limita únicamente a una estrategia de seguridad basada en represión, persecución, encarcelamientos masivos al margen de la ley y la construcción de megacárceles. Incluye componentes políticos y judiciales profundos. Bukele implementó un estado de excepción inicialmente por la pandemia de covid-19, el cual se ha mantenido de manera permanente, alterando la normalidad democrática.
En 2021, tras obtener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa con su partido Nuevas Ideas, el mandatario destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general, nombrando a personas afines y cooptando los tres poderes del Estado. Ese mismo año, expulsó a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (Cicies), creada con la OEA, debido a que la entidad investigaba casos de corrupción vinculados a compras durante la pandemia.
El control se extendió al sistema electoral mediante la reforma de 2023, que redujo el número de diputados y disminuyó las alcaldías de 262 a 44, permitiendo la cooptación de miembros clave del órgano electoral. Esto culminó en las elecciones de 2024, marcadas por anomalías y la reelección consecutiva de Bukele, a pesar de estar prohibida por la Constitución, sumado a la persecución de la sociedad civil y la prensa.
Aunque el modelo es hoy objeto de "peregrinación" para funcionarios internacionales, Dammert sostiene que su viabilidad es dudosa debido a la erosión de los principios democráticos. El enfoque ha normalizado la violencia y la "mano dura" como un mal menor. Finalmente, se advierte que lo que Hugo Chávez logró en Venezuela en una década, Bukele lo ha conseguido en apenas dos años, aprovechando una democracia ya debilitada, consolidando una concentración grosera del poder y un desmantelamiento acelerado del Estado de derecho.
