La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha dictado una resolución determinante en el proceso judicial conocido como el "Caso Apagón", relacionado con una estafa millonaria perpetrada contra el Estado por la empresa estadounidense Progen. Tras una audiencia de vinculación que se extendió desde el 14 hasta el 22 de mayo de 2026, el juez Vinicio Rodríguez ordenó la prisión preventiva para 19 de las 21 personas procesadas por la Fiscalía General del Estado.
El proceso, impulsado por el fiscal general Carlos Alarcón, identifica a un grupo heterogéneo de implicados. De los 21 procesados, únicamente seis personas ostentaban el poder de decisión, siendo quienes firmaron o autorizaron los contratos. El resto de los procesados son técnicos de primer nivel, encargados de la elaboración de informes o integrantes de comisiones delegadas para el proceso de contratación.
Entre las medidas más destacadas, el juez Vinicio Rodríguez dictó la prisión preventiva para el exministro de Energía, Antonio Goncalves. La autoridad judicial fundamentó esta decisión basándose en el delito de peculado y en el riesgo de fuga. El juez justificó que, debido a su condición de exautoridad, existe una alta probabilidad de que Goncalves interfiera en la investigación, determinando que las medidas alternativas resultaban insuficientes para garantizar el proceso.
Asimismo, la medida de prisión preventiva alcanzó a otros altos cargos y representantes de la empresa involucrada. Entre ellos se encuentra Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), cuya responsabilidad fue valorada tras haberse constatado que visitó las instalaciones de Progen en Estados Unidos y delegó a los directivos que concretaron la firma del contrato. También fueron sentenciados a prisión preventiva Karla Saud Calero, representante de Progen en Ecuador; Andrew Williamson, directivo de la firma estadounidense; y Gonzalo Guerrón, exgerente de la Unidad de Negocios de Termopichincha.
El grupo de personas que ingresarán a prisión preventiva incluye también a Marvin Rubio, Julio Montesdeoca, Gabriela Toaza, Juan Carlos Cornejo, Carlos Villacis, Jorge Jaramillo, Marco Poma, Marco Chicaiza, Javier Lasluisa y Rommel Llumiquinga, quienes en diversas instancias avalaron el proceso, redactaron informes técnicos o formaron parte de las comisiones.
No obstante, la resolución ha generado una fuerte controversia entre los familiares de los técnicos procesados. Denuncias surgieron contra la Fiscalía, acusándola de ocultar información para proteger a los altos mandos y criminalizar a quienes habrían alertado sobre las irregularidades. La esposa de uno de los procesados resaltó que Daniel Suárez, Nelson Castro y Luis Flores denunciaron en su momento que los equipos que se pretendían adquirir eran obsoletos. Según el testimonio, existen videos y documentos que demuestran que estos técnicos alertaron sobre el hecho, razón por la cual recibieron amenazas y fueron ingresados en el programa de protección de víctimas; sin embargo, a pesar de ello, el juez ordenó su prisión preventiva, situación que, según sus familiares, pone en riesgo sus vidas.
En esta misma línea, Leticia Sánchez, hermana de Celso Sánchez —técnico que integró la comisión que viajó a Estados Unidos y que presuntamente advirtió no firmar el contrato—, afirmó que la mayoría de los procesados son funcionarios honestos que cumplieron con su trabajo. Sánchez cuestionó el accionar de la Fiscalía, sugiriendo que se busca utilizar a los funcionarios de menor rango como "chivos expiatorios" mientras los responsables de ejecutar los pagos permanecen libres.
En contraste con las prisión preventivas, el juez otorgó medidas alternativas a dos de los procesados. César Toledo recibió la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente, debido a que no existen informes que avalen su participación activa en el proceso. Por su parte, Byron Orozco, exgerente de Termopichincha, obtuvo medidas alternativas debido a que padece una enfermedad catastrófica.
Desde una perspectiva técnica, Jessica Muñoz, experta en Contratación Pública, señaló que este caso sienta un precedente crítico para los funcionarios de primer nivel. Muñoz explicó que, aunque estos empleados no tomen la decisión final, el hecho de avalar informes los hace legalmente responsables. La experta subrayó que, en casos donde la autoridad obliga al técnico a firmar, es imperativo que el funcionario cuente con respaldos documentales que demuestren dicha coacción; de lo contrario, corren el riesgo de ser procesados por las irregularidades. Finalmente, Muñoz destacó que el miedo a perder el empleo suele llevar a los servidores públicos a aceptar responsabilidades que, legalmente, podrían negarse.
