El Proyecto 641 sobre sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera ha superado su primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas. A diferencia de otros procesos, el texto final salió mejorado gracias a que la consulta ciudadana fue efectiva.
¿Por qué es necesaria esta ley? Porque el mundo ya no tolera las sociedades de papel o cascarones sin operación real. Para que la plataforma de servicios legales y financieros de Panamá tenga futuro y evite listas grises, es vital legislar con rigor sin lesionar la competitividad.
Se han logrado dos avances clave. Primero, la base imponible: se dejó claro que la tarifa del 15 % para entidades no calificadas se aplicará sobre la renta neta gravable y no sobre el ingreso bruto. Esto permite deducir los costos y gastos necesarios, garantizando una justicia tributaria elemental. Segundo, la proporcionalidad: ahora, la suficiencia de personal e instalaciones se medirá según la naturaleza, escala y complejidad de la actividad, otorgando requisitos más flexibles a las sociedades holding y de tenencia de bienes inmuebles.
Sin embargo, queda un cabo suelto. La norma prohíbe la “superposición de horas” cuando un proveedor tercerizado atienda a varios clientes. Aunque la intención es evitar que se contabilicen las mismas horas dos veces, la redacción actual podría interpretarse como una prohibición a que un profesional sirva a varias entidades de un mismo grupo, lo que afectaría el modelo de centros de servicios compartidos.
La solución es sencilla: precisar en el segundo debate que lo prohibido es contabilizar dos veces el mismo bloque horario, no la prestación de servicios a múltiples clientes.
La Asamblea ha demostrado que puede legislar escuchando. El segundo debate es ahora la oportunidad para cerrar este proceso con la precisión técnica necesaria.
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