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Organizaciones campesinas condenan asesinatos de trabajadores en Trujillo, Colón

Las organizaciones campesinas de Honduras condenaron este viernes los hechos violentos ocurridos en la aldea de Rigores , municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde varias personas trabajadoras del campo fueron asesinadas el pasado 21 de mayo. El pronunciamiento fue emitido por el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras ( COCOCH) , la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas ( CHMC ) y la Confederación Nacional de Campesinos ( CNC ), que expresaron su “profundo pesar y consternación” por la tragedia registrada en la zona. Las organizaciones manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas y señalaron que la violencia en el campo continúa afectando gravemente a las comunidades rurales hondureñas. “Nos solidarizamos profundamente con los familiares de las víctimas, compartiendo su dolor y elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de quienes perdieron la vida de manera violenta y repudiable”, indicaron en el comunicado. En el documento, los movimientos campesinos exigieron a la Policía Nacional y al Ministerio Público desarrollar una investigación “exhaustiva, objetiva y transparente” que permita identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales del crimen. Las organizaciones sostuvieron que la situación registrada en Rigores refleja la crisis de inseguridad que enfrenta el sector rural, especialmente en el Bajo Aguán , una región marcada históricamente por conflictos agrarios, presencia de estructuras criminales y hechos vinculados al narcotráfico. De acuerdo con el comunicado, las familias campesinas han vivido durante años bajo amenazas, agresiones y un clima permanente de incertidumbre, mientras persisten problemas relacionados con el acceso a la tierra y la falta de presencia estatal. Los representantes campesinos también cuestionaron la falta de avances en la implementación de la Reforma Agraria y señalaron que muchas comunidades continúan expuestas a la violencia y al abandono institucional. Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Nasry Asfura , para impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad en las zonas rurales y garantizar mayor presencia del Estado en las comunidades campesinas. Las organizaciones también solicitaron al Instituto Nacional Agrario ( INA ) destinar recursos técnicos y presupuestarios que permitan avanzar en la entrega de tierras a familias campesinas sin acceso a ellas.

Organizaciones campesinas condenan asesinatos de trabajadores en Trujillo, Colón

Violencia y dolor marcan el campo hondureño. Tres organizaciones campesinas han expresado su profunda consternación tras el asesinato de varias personas trabajadoras del campo en la aldea de Rigores, municipio de Trujillo, Colón.

El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas y la Confederación Nacional de Campesinos condenaron los hechos violentos ocurridos el pasado 21 de mayo. En un pronunciamiento oficial, los movimientos manifestaron su solidaridad con las familias víctimas y denunciaron que la violencia rural continúa afectando gravemente a las comunidades hondureñas.

Ante esta tragedia, las organizaciones exigieron a la Policía Nacional y al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva, objetiva y transparente que permita identificar y castigar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, del crimen.

Según los representantes campesinos, lo sucedido en Rigores es un reflejo de la crisis de inseguridad que enfrenta el sector rural, especialmente en la región del Bajo Aguán. Esta zona ha estado marcada históricamente por conflictos agrarios, la presencia de estructuras criminales y hechos vinculados al narcotráfico.

El comunicado señala que las familias campesinas han vivido durante años bajo amenazas y un clima de incertidumbre, debido a la falta de presencia estatal y a la limitada implementación de la Reforma Agraria. Por ello, hicieron un llamado al Gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Nasry Asfura, para impulsar políticas públicas que fortalezcan la seguridad en las zonas rurales.

Finalmente, solicitaron al Instituto Nacional Agrario, el INA, destinar los recursos técnicos y presupuestarios necesarios para avanzar en la entrega de tierras a las familias que aún carecen de acceso a ellas.

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