¿Sabías que las denuncias por conflictos entre adultos en las comunidades educativas de Chile han aumentado drásticamente? Entre 2019 y 2025, los casos reportados ante la Superintendencia de Educación por disputas entre docentes y apoderados crecieron un 341%, pasando de 134 a 591 denuncias.
Este dato revela que la crisis de convivencia escolar no se limita a lo que ocurre entre estudiantes dentro del aula, sino que involucra directamente la relación entre las familias y las escuelas.
Según la investigadora Verónica Gubbins, existen "atribuciones cruzadas" que alimentan este fenómeno. Por un lado, las familias perciben que se les exige más de lo que pueden dar en contextos de alta carga laboral. Por otro, los docentes sienten que deben responder a demandas que exceden su rol pedagógico, sin contar con el tiempo ni las herramientas suficientes.
Estas tensiones no son aisladas. Se insertan en una sociedad con jornadas laborales extensas, largos tiempos de desplazamiento y un contexto social donde la confrontación parece imponerse sobre la colaboración.
Hasta ahora, las políticas públicas han abordado la violencia escolar desde una lógica sancionatoria y de control interno, descuidando el fortalecimiento del vínculo entre el hogar y el establecimiento educativo.
Para avanzar, es necesario dejar de entender la convivencia escolar solo como un problema disciplinario y verla como un fenómeno social y relacional. El desafío es transformar la escuela en un espacio comunitario de diálogo real, donde el buen trato y la resolución colaborativa de diferencias sean valores institucionales y la responsabilidad sea compartida. Recuperar la convivencia implica volver a entender la escuela como una comunidad donde, además de contenidos, se aprende a convivir.
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