La Justicia argentina ha emitido sentencias relevantes en dos causas distintas de abuso sexual infantil, evidenciando diversas modalidades de captación y vulneración de menores, que van desde la manipulación a través de entornos digitales hasta el aprovechamiento de vínculos de confianza en el ámbito familiar.
En la provincia de Salta, un tribunal declaró culpable a un hombre que utilizó un videojuego como herramienta para abusar sexualmente de un menor. El caso, que mantuvo en alerta a la comunidad educativa y judicial, tuvo su origen en junio de 2023. En aquel momento, un niño que cursaba el sexto grado de primaria tuvo la valentía de relatarle a su docente que un vecino le ofrecía comprarle “diamantes”, que representan la moneda virtual del popular videojuego Free Fire, a cambio de realizarle sexo oral al adulto.
Ante esta revelación, las autoridades de la institución escolar procedieron de manera inmediata, activando los protocolos de protección correspondientes y notificando a la familia del menor para dar inicio a las acciones legales y de resguardo. Tras un proceso judicial, este miércoles se llevó a cabo la audiencia de alegatos durante la mañana, culminando con el veredicto por la tarde.
En el marco del juicio, la fiscal Celina Morales Torino solicitó formalmente que el acusado fuera declarado penalmente responsable del delito imputado. Esta petición fue respaldada tanto por la querella como por el Ministerio Público Pupilar, representado por la asesora Natalia Pérez de González. Por el contrario, la defensa técnica del imputado solicitó la absolución del acusado. Al momento de emitirse la resolución, el hombre optó por no hacer uso de su derecho a pronunciar palabras finales antes de la decisión del magistrado.
Una vez confirmado el veredicto de culpabilidad, el juez solicitó a la fiscalía y a la defensa que aporten las pruebas necesarias para determinar la cantidad de años de prisión que recibirá el condenado. La fecha de la audiencia de sentencia aún no ha sido establecida, quedando a cargo de la Oficina Judicial (OFIJU) su fijación. Cabe destacar que, durante los tres años de investigación, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba fue el encargado de reunir las pruebas presentadas en el debate y sostener la acusación hasta alcanzar el fallo de este miércoles.
Paralelamente, en la provincia de Córdoba, un tribunal de Villa Dolores dictó una condena de 13 años y medio de prisión contra un hombre de 60 años, identificado como H. CH. En este caso, los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2019 en un paraje rural cercano a La Paz, en el departamento San Javier, donde el acusado abusó sexualmente de una menor perteneciente a su entorno familiar.
El tribunal determinó que el condenado se valió de la relación de confianza que mantenía con la víctima para perpetrar los abusos. La sentencia lo encontró responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado, promoción a la corrupción de menores agravada y coacción agravada por el uso de armas. El vocal Raúl Castro, al fundamentar la pena, hizo hincapié en el carácter continuado de los delitos y en el empleo de amenazas con armas para someter a la niña.
Durante el desarrollo de la resolución, el clima en la sala judicial reflejó la gravedad de los hechos. El tribunal consideró como agravantes el rol de guardador que ejercía el acusado sobre la víctima y el severo daño causado a la salud mental de la menor, el cual fue debidamente acreditado a través de testimonios y pericias psicológicas recolectadas durante el proceso.
Según información del portal El Doce.tv, H. CH. posee antecedentes penales. En 2025, la misma Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores lo había sentenciado a cuatro años de prisión por hechos similares cometidos dentro del mismo núcleo familiar, causa que aún no cuenta con sentencia firme en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La reiteración de estas conductas en el mismo círculo afectivo fue un factor determinante al fijar la nueva pena, considerando que el sujeto aprovechó la vulnerabilidad de la víctima y la falta de protección en su ámbito familiar.
Finalmente, el fallo judicial recomendó que el condenado reciba tratamiento médico y psicoterapéutico especializado dentro del Servicio Penitenciario, con el objetivo de abordar los factores desencadenantes de los delitos y reducir el riesgo de reincidencia.
