La Justicia argentina ha emitido recientemente resoluciones contundentes en dos casos graves de abuso sexual infantil, uno ocurrido en la provincia de Salta y otro en Córdoba, poniendo de relieve diversas modalidades de vulneración de los derechos de los menores, que van desde la manipulación digital hasta el abuso de confianza en el ámbito familiar.
En la provincia de Salta, el Poder Judicial ha declarado culpable a un hombre que utilizó un videojuego popular como herramienta para manipular y abusar sexualmente de un menor de edad. El caso, que ha generado conmoción por el mecanismo de captación empleado, tuvo su origen en junio de 2023. En aquel momento, un niño que cursaba el sexto grado de educación primaria reveló a su docente que un vecino le ofrecía comprarle "diamantes", la moneda virtual utilizada en el videojuego Free Fire, a cambio de realizarle sexo oral al adulto.
Ante la gravedad del relato, las autoridades del establecimiento educativo procedieron de manera inmediata activando los protocolos de protección correspondientes. Este accionar permitió que la familia del menor fuera informada rápidamente sobre la situación, iniciando así el proceso judicial que culminó este miércoles.
Durante la jornada judicial, se llevó a cabo la audiencia de alegatos por la mañana, seguida del veredicto por la tarde. La fiscal Celina Morales Torino, representante del Ministerio Público de Salta, solicitó formalmente que el acusado fuera declarado penalmente responsable del delito. Esta petición fue respaldada tanto por la querella como por el Ministerio Público Pupilar, el cual estuvo representado por la asesora Natalia Pérez de González.
En contraposición a los pedidos de la fiscalía, la defensa técnica del imputado solicitó su absolución. Por su parte, el acusado decidió no hacer uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras antes de la resolución del magistrado. Tras analizar las pruebas, el juez confirmó el veredicto de culpabilidad. Actualmente, el tribunal ha solicitado a la fiscalía y a la defensa que aporten las pruebas necesarias para determinar la cantidad de años de prisión que recibirá el condenado. La fecha de la audiencia de sentencia será fijada próximamente por la Oficina Judicial (OFIJU). Cabe destacar que la investigación fue sostenida durante tres años por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que reunió las evidencias presentadas durante el debate.
Simultáneamente, en la provincia de Córdoba, un tribunal de Villa Dolores dictó una sentencia severa contra un hombre de 60 años, identificado por las iniciales H. CH. El condenado recibió una pena de 13 años y medio de prisión por el abuso sexual de una menor perteneciente a su entorno familiar. Los hechos se habrían desarrollado entre enero y marzo de 2019, en un paraje rural cercano a la localidad de La Paz, dentro del departamento San Javier.
El tribunal determinó que el hombre se valió de la relación de confianza y la cercanía que mantenía con la víctima para perpetrar los abusos, aprovechando la vulnerabilidad de la niña y la falta de protección efectiva en el círculo familiar. Como resultado, fue hallado responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado, promoción a la corrupción de menores agravada y coacción agravada por el uso de armas.
El vocal Raúl Castro, al fundamentar la pena, subrayó el carácter continuado de los delitos y el uso de amenazas con armas para someter a la víctima. El fallo judicial también tomó en cuenta el rol de guardador que ejercía el acusado sobre la menor y el grave daño causado a la salud mental de la niña, hecho que quedó acreditado a través de testimonios y pericias psicológicas.
De acuerdo con la información difundida por el portal El Doce.tv, esta no es la primera condena contra H. CH. En el año 2025, la misma Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores lo había sentenciado a cuatro años de prisión por hechos similares en el mismo entorno familiar, causa que aún se encuentra sin sentencia firme en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Esta reincidencia en el círculo afectivo fue un factor determinante al fijar la nueva pena.
Finalmente, el tribunal recomendó que el condenado reciba tratamiento médico y psicoterapéutico mientras cumpla su condena en el Servicio Penitenciario, con el fin de abordar los factores que derivaron en estos delitos y reducir el riesgo de nuevas reincidencias.
