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MEF descarta demandas contra beneficios laborales del sector público

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, había afirmado que evauluaban llevar al TC las leyes de gasto aprobadas por el Congreso, pero desupúes de la segunda vuelta.

MEF descarta demandas contra beneficios laborales del sector público

¿Habrá demandas contra los beneficios laborales del sector público? El Ministerio de Economía y Finanzas ha dado una respuesta definitiva.

A través de un comunicado oficial, el MEF, liderado por el ministro Rodolfo Acuña, descartó que presentará demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las normas aprobadas por el Congreso relacionadas con mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos para los trabajadores del sector público.

Este anuncio representa un cambio en la postura del Ejecutivo. Previamente, en el programa “Economía para Todos” de RPP, el ministro Acuña había indicado que se evaluaba acudir al Tribunal Constitucional luego de la segunda vuelta electoral para observar diversas leyes de gasto aprobadas por el Parlamento.

Una de las normativas que más inquietud generaba era la ley que otorga beneficios laborales a los trabajadores bajo el régimen CAS, incluyendo gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios, conocida como CTS. En su momento, el Ejecutivo advirtió que la implementación de esta medida podría causar problemas debido a vacíos normativos y a la ausencia de una aplicación gradual, además de expresar preocupación por el impacto fiscal en las cuentas públicas.

Sin embargo, en su reciente pronunciamiento, el Ministerio reafirmó su respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores y ratificó su disposición al diálogo con las organizaciones sindicales en el marco de la negociación colectiva centralizada.

Finalmente, el MEF señaló que continuará evaluando mecanismos responsables y sostenibles para avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones laborales de los servidores públicos, asegurando que esto se haga sin comprometer el equilibrio fiscal ni la estabilidad económica. El pronunciamiento ocurre mientras persiste el debate sobre el costo fiscal de estas normas y su impacto presupuestario en los próximos años.

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