La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este lunes que ha procedido al bloqueo de las cuentas bancarias de diez personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa. Esta medida responde a las acusaciones de narcotráfico presentadas por el Gobierno de Estados Unidos a finales del mes de abril contra este grupo de personas.
A través de un comunicado oficial, la UIF detalló que la decisión de congelar los activos financieros fue tomada con un "carácter estrictamente preventivo". El objetivo primordial de esta acción, según la institución, es proteger la integridad del sistema financiero nacional frente a los señalamientos emitidos por las autoridades estadounidenses.
La autoridad financiera fue enfática al precisar que estas medidas administrativas no constituyen una determinación definitiva sobre la culpabilidad de los involucrados. En el documento se aclara que el bloqueo de cuentas no implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino que se trata de acciones preventivas de índole administrativa. Asimismo, la UIF subrayó que todas las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas disponen de los medios de defensa y las garantías legales previstas en la legislación vigente. Entre estos derechos destaca el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes para impugnar la medida.
Este bloqueo financiero ocurre casi tres semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. El gobierno estadounidense les atribuye actividades relacionadas con el narcotráfico y sostiene que habrían establecido alianzas con el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales con mayor alcance en el continente americano.
Entre los señalados se encuentran figuras prominentes de la administración estatal y el poder legislativo. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y Enrique Inzunza, senador de la República, figuran en la lista de acusados, junto con Enrique Díaz Vega, quien se desempeñó como secretario de Finanzas del estado, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad. También han sido incluidos mandos de la Policía. Hasta el momento, todos los implicados han rechazado categóricamente los cargos en su contra.
En respuesta a las acusaciones, el gobernador Rubén Rocha solicitó una licencia para separarse temporalmente de su cargo. Según el mandatario estatal, esta medida busca facilitar que las investigaciones en curso aclaren su situación jurídica. Por su parte, el senador Enrique Inzunza ha insistido públicamente en su inocencia. El legislador manifestó, a través de una publicación en su cuenta de X el pasado domingo, que atenderá cualquier requerimiento que las autoridades mexicanas le formulen.
La situación ha tomado un giro judicial en Estados Unidos en el caso de Gerardo Mérida Sánchez. El exsecretario de Seguridad fue detenido por autoridades estadounidenses tras ingresar a dicho país el 11 de mayo por Arizona. Actualmente, Mérida Sánchez se encuentra en Nueva York, donde se ha programado una nueva audiencia judicial para el próximo 1 de junio.
El tema ha escalado hasta la presidencia de México. Durante su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la situación de los funcionarios señalados. La mandataria afirmó que no existe ningún riesgo en que algunos de los acusados decidan entregarse en Estados Unidos. Sheinbaum insistió en que es responsabilidad del Gobierno estadounidense presentar las pruebas que sustenten sus señalamientos. La presidenta aseguró que, en caso de que se presenten evidencias claras, el Gobierno de México no brindará protección a quien haya cometido un delito.
El caso ha generado una tensión política adicional, dado que Rubén Rocha y otros de los señalados son militantes de Morena, el mismo partido político de la presidenta Sheinbaum. Este incidente se suma a una etapa de fricciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Mientras que Washington sostiene que México no realiza los esfuerzos suficientes contra la delincuencia, el Gobierno mexicano afirma que sí lo hace y manifiesta su disposición a cooperar con Estados Unidos, siempre y cuando se respete la soberanía nacional.
