Doscientas treinta y seis personas fallecieron en una sola noche. Esta es la tragedia que ha movilizado a cientos de ciudadanos en la República Dominicana, quienes exigen un castigo ejemplar contra los propietarios de la discoteca Jet Set.
El colapso del techo ocurrió el pasado 8 de abril de 2025, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez. El Movimiento Justicia Jet Set organizó una marcha hacia el Palacio de Justicia en Santo Domingo para presionar al sistema judicial antes del fallo previsto para el 15 de junio.
El punto central de la disputa es la calificación jurídica. Actualmente, el caso se maneja como homicidio involuntario, con una pena máxima de dos años. Sin embargo, familiares y sobrevivientes demandan que se cambie a homicidio voluntario, delito sancionado con hasta 30 años de prisión.
Ana Ramírez, fundadora del movimiento, denunció que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat tenían pleno conocimiento del deterioro de la infraestructura, pero decidieron continuar con el evento, señalando que los acusados gozan de privilegios y poder. En esa misma línea, Milagros Martínez, madre de una víctima, afirmó que el dueño sabía que el techo presentaba filtraciones de agua y no tomó medidas preventivas.
Por su parte, la Fiscalía reveló que los propietarios realizaron remodelaciones sin notificar a ninguna institución, evadiendo las inspecciones oficiales. Según la acusación, los hermanos Espaillat desoyeron advertencias internas sobre el estado del techo para priorizar el ahorro de recursos sobre la seguridad.
Ahora, la mirada está puesta en el próximo 15 de junio, fecha en la que el juzgado deberá determinar si ambos acusados enfrentan el proceso penal bajo una figura jurídica más grave.
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