La crisis del agua que afecta a la península de Azuero, específicamente en las provincias de Herrera y Los Santos, ha dejado de ser una emergencia pasajera para transformarse en una rutina administrativa y social. Lo que inicialmente se planteó como una respuesta temporal ante la sequía se ha convertido en un sistema estructural de abastecimiento basado en contratos gubernamentales y camiones cisterna, dejando a comunidades enteras dependientes del sonido de estos vehículos como única señal de alivio. El costo total de este servicio ya supera los 2 millones de dólares, una inversión que se ha concentrado significativamente en manos de unos pocos proveedores.
La situación en la región es crítica. Sumado a los prolongados veranos que históricamente han generado declaraciones de emergencia, se añade un factor sanitario alarmante: gran parte de las comunidades de Herrera y Los Santos no pueden consumir agua del grifo desde hace un año. El punto de inflexión ocurrió el 27 de mayo de 2025, fecha en la que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) se vio obligado a suspender las operaciones en diversas plantas potabilizadoras tras detectar niveles elevados de contaminación en las fuentes hídricas. Esta crisis ha impactado directamente a unas 100 mil personas, quienes viven en un escenario de incertidumbre mientras el Gobierno mantiene medidas de emergencia sin ofrecer una solución definitiva.
En medio de esta precariedad, el sector de los carros cisterna ha experimentado un auge operativo. La empresa Servicios y Construcción D.B., S.A. (conocida también como Constructora Unida, S.A.), liderada por Diomedes Jesús Bustavino Moreno, ha consolidado una posición dominante en el suministro de agua de emergencia. A través de adjudicaciones directas otorgadas por el Idaan mediante mecanismos excepcionales, la compañía ha logrado asegurar contratos significativos. Según datos de Panamá Compra, existen al menos cuatro contratos adjudicados a esta firma entre los años 2024 y 2026.
El rastro administrativo comenzó a fortalecerse en 2024 con el contrato 59-2024, diseñado para enfrentar una de las temporadas secas más severas de la región. Este acuerdo contó con un presupuesto de 379 mil 345 dólares para la movilización de seis camiones cisterna, encargados de distribuir más de 19 millones de galones de agua potable en zonas vulnerables, como es el caso de Río Chico. No obstante, la dependencia del Estado hacia este proveedor aumentó en 2025, cuando el Idaan aprobó dos contratos paralelos: el 45-2025 para Herrera y el 46-2025 para Los Santos. Ambos establecieron la entrega de 20 millones de galones de agua en un periodo de 90 días, utilizando una logística de hasta diez camiones operando simultáneamente.
La crisis tomó un giro más complejo a inicios de 2026. La emergencia ya no dependía solo de la falta de lluvias, sino que se transformó en una crisis sanitaria debido a la presencia de nematodos en el río La Villa, una de las fuentes hídricas primordiales de Azuero. Esta contaminación limitó la capacidad de producción de varias plantas potabilizadoras, incluyendo la planta Roberto Reina en Chitré, lo que obligó a reiniciar el abastecimiento masivo mediante cisternas. Solo entre enero y marzo de 2026, la inversión conjunta para el suministro de agua en ambas provincias alcanzó los 670 mil 394 dólares.
En total, entre 2024 y 2026, la empresa Servicios y Construcción D.B., S.A. acumuló al menos 1.7 millones de dólares en contratos. De forma paralela, el Idaan adjudicó un contrato por 571 mil dólares a la empresa Servicios Múltiples O Domingo Morrison S.A., presidida por Domingo Morrison Gómez, para cubrir distritos de Herrera como Los Pozos, Pesé y Chitré.
El mapa de vulnerabilidad hídrica abarca desde centros urbanos como Las Tablas y Chitré hasta comunidades rurales como Guararé, La Guabas y El Toldo. Incluso instalaciones críticas, como hospitales y centros de salud, dependen de estas entregas para mantener condiciones básicas de higiene. Jorge Anel Samaniego, residente de la región, señaló que el problema afecta a toda la península y advirtió que la degradación ambiental es consecuencia de la falta de reforestación y el incumplimiento de normas de manejo. Samaniego enfatizó que los productores ganaderos deben cumplir protocolos de limpieza, pues no se puede permitir que los desechos fluyan libremente hacia los ríos. Según Samaniego, la falta de fiscalización ha prolongado la contaminación.
A pesar de la gravedad de los hechos y los montos invertidos, el director del Idaan, Antonio Tercero, no respondió a las solicitudes de versión. Mientras tanto, Azuero permanece en un estado de emergencia hídrica casi permanente, donde la infraestructura insuficiente y la contaminación ambiental han creado un sistema de abastecimiento costoso y precario.
