El escenario político al interior del Consejo Regional (CORE) de Ñuble ha vuelto a experimentar un clima de alta tensión, motivado principalmente por una profunda controversia respecto al manejo de las finanzas del Gobierno Regional (GORE). El conflicto ha escalado recientemente debido a las declaraciones emitidas por Carlos Chandía, consejero regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la provincia de Diguillín y actual presidente de la Comisión de Presupuesto, quien ha puesto en duda la solvencia actual de la administración regional.
Según el planteamiento de Chandía, el Gobierno Regional de Ñuble se enfrenta a una situación de estrechez financiera que compromete la ejecución de diversas obras. El consejero fue enfático al señalar que existe la posibilidad de que se hayan aprobado proyectos sin que exista un respaldo efectivo de los recursos necesarios para su materialización. Esta advertencia no es un hecho aislado, sino que surge en el contexto de un debate más amplio sobre la viabilidad de inversiones clave para la zona.
Uno de los puntos centrales de esta disputa es el financiamiento de la esperada piscina temperada semiolímpica para la ciudad de Chillán. Esta iniciativa está vinculada al futuro complejo deportivo Quilamapu y, de acuerdo con la información proporcionada por Chandía, el proyecto se encuentra ya en una etapa avanzada, estando próxima a obtener la recomendación satisfactoria. La inversión total estimada para esta obra asciende a cerca de 10 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad sería aportado por el Instituto Nacional del Deporte (IND).
No obstante, la preocupación del consejero oficialista radica en la capacidad real del Gobierno Regional para asumir la mitad restante de la inversión. Chandía sostiene que existen actualmente compromisos presupuestarios muy elevados y una serie de proyectos ya aprobados que carecerían de financiamiento asegurado. Para respaldar su postura, el presidente de la Comisión de Presupuesto mencionó el reciente rechazo del instructivo FRIL 2026 por parte del CORE, viendo en este hecho un reflejo de la problemática financiera que atraviesa la región.
La discusión trascendió lo estrictamente técnico para entrar en el terreno de las acusaciones políticas. Carlos Chandía vinculó directamente el escenario de escasez de recursos con las prioridades de gestión del gobernador regional, Óscar Crisóstomo. El consejero acusó al gobernador de actuar con egoísmo, asegurando que existe un sesgo político orientado a beneficiar a alcaldes que comparten su misma línea ideológica. En contraste, defendió la piscina semiolímpica argumentando que el proyecto cuenta con el diseño correspondiente y responde a una necesidad real y concreta de la población regional.
Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata desde el sector opositor. Iter Stuardo, consejero regional por la provincia de Itata, publicó una declaración pública en la que rechazó tajantemente las afirmaciones de Chandía. Stuardo calificó las advertencias sobre la situación económica como una imagen irreal de crisis financiera y acusó al presidente de la Comisión de Presupuesto de intentar engañar a la opinión pública.
Para Stuardo, resulta incomprensible que quien lidera la Comisión de Presupuesto ignore el origen de los ajustes financieros en la región. El consejero explicó que las modificaciones presupuestarias no son producto de una mala gestión interna, sino que responden a recortes definidos directamente desde el nivel central del Gobierno. En este sentido, Stuardo defendió la labor de la administración regional, asegurando que se han impulsado proyectos en todas las comunas sin hacer distinciones políticas, priorizando siempre las necesidades de las personas.
Este intercambio de acusaciones pone de manifiesto un estado de creciente polarización dentro del CORE, especialmente en lo que respecta al manejo del presupuesto y la distribución territorial de las inversiones. El núcleo del debate no se limita únicamente a la disponibilidad de fondos, sino que se extiende a los criterios de priorización de las obras y la transparencia en la asignación de los recursos.
Mientras que sectores de la oposición temen que el discurso sobre un eventual sobregiro financiero instale dudas sobre la viabilidad de proyectos emblemáticos, como la piscina semiolímpica o las futuras iniciativas de conectividad aérea para Ñuble, el oficialismo insiste en que el problema fundamental es la falta de una planificación financiera clara al momento de comprometer recursos públicos.
