El panorama político de Perú se encamina hacia una definición polarizada el próximo 7 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la segunda vuelta electoral para definir la presidencia de la República. El candidato de tendencia izquierdista, Roberto Sánchez, se enfrentará a la representante de la derecha, Keiko Fujimori, tras un proceso de escrutinio sumamente ajustado derivado de los comicios del pasado 12 de abril.
La confirmación del paso de Sánchez al balotaje se produjo luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicara los datos correspondientes al 99,94% de las actas electorales revisadas en su página web este miércoles. Los resultados reflejan una competencia mínima en la disputa por el segundo puesto, donde Sánchez obtuvo el 12% de los apoyos, superando por un margen estrecho al candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, quien alcanzó el 11,9%. La diferencia final entre ambos aspirantes fue de apenas 18.799 votos.
El proceso de conteo de votos fue descrito como caótico y avanzó lentamente debido a la constante impugnación de actas. Ante la irreversibilidad de los porcentajes, Roberto Sánchez manifestó a los periodistas que se encuentra preparado para enfrentar los retos que el pueblo peruano le plantee. Por el contrario, el partido Renovación Popular, al cual pertenece López Aliaga, emitió un comunicado oficial solicitando que no se proclamen los resultados hasta que se resuelvan los procesos pendientes y se complete el conteo total de los votos. No obstante, el politólogo Fernando Tuesta señaló a la AFP que el Jurado Nacional de Elecciones ya no tiene margen de acción, pues los porcentajes actuales ya definen claramente a los dos primeros puestos.
Este nuevo enfrentamiento electoral ocurre en un contexto de severa inestabilidad política. Desde el año 2016, Perú ha tenido ocho presidentes, la mayoría de los cuales fueron destituidos o se vieron obligados a dimitir debido a escándalos de corrupción y otros casos judiciales. A esta crisis institucional se suma una grave situación de seguridad pública provocada por el auge del crimen organizado.
La contienda del 7 de junio presenta similitudes con la segunda vuelta de 2021. En aquella ocasión, Keiko Fujimori, quien está próxima a cumplir 51 años, perdió por un margen muy estrecho frente al izquierdista Pedro Castillo. Ahora, la hija del expresidente Alberto Fujimori buscará alcanzar el poder por cuarta vez, enfrentándose a Roberto Sánchez, un político de 57 años que disputa la presidencia por primera vez y que anteriormente se desempeñó como ministro del destituido y encarcelado Pedro Castillo.
La primera vuelta no estuvo exenta de problemas logísticos. El envío tardío del material electoral impidió que más de 50.000 ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto, situación que obligó a las autoridades a prolongar la jornada electoral por un día adicional. Si bien la misión de observación de la Unión Europea reportó la existencia de graves deficiencias en el proceso, aclaró que no se encontraron pruebas objetivas de fraude, a pesar de las denuncias de irregularidades sostenidas por Rafael López Aliaga.
Paralelamente, Roberto Sánchez inicia su campaña para el balotaje enfrentando complicaciones judiciales. La fiscalía ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para el candidato por el presunto delito de declarar información falsa ante el organismo electoral. La acusación se centra en aportes de campaña recibidos entre 2018 y 2020. Según documentos confirmados por la fiscalía, existen incoherencias en los informes financieros de su partido, Juntos por el Perú, durante campañas regionales y municipales.
Específicamente, se le atribuye haber recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de su organización política que no fueron declarados ante la ONPE. Aunque el caso fue presentado inicialmente en enero de 2026, fue rechazado parcialmente, obligando a los fiscales a reformular la acusación. El Poder Judicial ha programado una audiencia para el 27 de mayo, donde se decidirá si el caso avanza a juicio oral o es archivado. Frente a esto, Sánchez ha negado los cargos a través de sus redes sociales, afirmando que se trata de una mentira instalada para desacreditarlo políticamente y resaltando que la justicia ya archivó acusaciones previas sobre el uso personal de recursos del partido.
