El Presidente de la República, José Antonio Kast, intervino públicamente este viernes con el objetivo de contener una crisis interna y cerrar el flanco político abierto por las declaraciones de su propia ministra de Salud, May Chomali. El mandatario salió en defensa de una controvertida indicación gubernamental que establece la obligatoriedad de que diversos recintos de salud, establecimientos educacionales y otros organismos públicos entreguen antecedentes detallados sobre migrantes en situación irregular a la autoridad migratoria correspondiente.
Esta respuesta presidencial se produjo en el marco del cierre de su gira por la Región de Atacama, zona donde el Jefe de Estado buscó reducir la tensión y bajar el tono a las diferencias manifiestas dentro de su propio gabinete. El conflicto surgió a raíz de los reparos expresados por la ministra Chomali, quien había advertido previamente que la instrucción de compartir datos sensibles de los pacientes podría entrar en conflicto directo con el marco legal vigente, específicamente con lo estipulado en el Código Sanitario y la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.
Ante estas preocupaciones, el Presidente Kast aseguró enfáticamente que los derechos de los pacientes se encuentran muy bien resguardados bajo la normativa actual. En un intento por alinearse parcialmente con la postura de su ministra y mitigar las críticas sobre una posible vulneración de derechos humanos o sanitarios, el mandatario fue categórico al afirmar que el Gobierno no dudaría en ningún momento de que se debe brindar la atención médica de urgencia a quien lo requiera, independientemente de su estatus migratorio.
Sin embargo, a pesar de esta aclaración sobre la atención de urgencia, el mandatario mantuvo y reforzó el fondo de la medida, ratificando el eje de control migratorio que impulsa La Moneda. Kast argumentó que es imperativo contar con mecanismos de vigilancia y control en los servicios públicos, sosteniendo que cuando personas se presentan en un servicio de salud y no proporcionan una identificación válida, el Estado necesita disponer de algún grado de alerta.
El Presidente fue cuidadoso en aclarar que el objetivo fundamental de la medida no consiste en negar la atención médica a los extranjeros irregulares, sino en avanzar hacia un proceso de identificación y orden administrativo. Para Kast, la recopilación de estos datos es una herramienta necesaria para la gestión migratoria del país, permitiendo que la autoridad tenga un registro real de quiénes están utilizando los servicios públicos.
En un gesto de apertura hacia la corrección técnica de la norma, el Presidente admitió que la indicación podría sufrir modificaciones si se detectan errores o puntos conflictivos. Al respecto, señaló que si en alguna de las indicaciones existen aspectos que resolver, el Ejecutivo procederá a resolverlos, dejando la puerta abierta a ajustes normativos que permitan compatibilizar el control migratorio con la legislación sanitaria.
Sumado a esto, Kast planteó una medida aún más restrictiva en términos de seguridad, sugiriendo el eventual regreso de la presencia policial en los centros asistenciales, lo que refuerza la visión de seguridad y control que prevalece en su administración sobre la gestión de la migración.
Finalmente, el Presidente cerró su intervención reafirmando la línea dura que el Ejecutivo mantiene respecto a la migración irregular. Kast fue tajante al declarar que aquellas personas que ingresaron al territorio nacional de manera irregular tendrán que abandonar el país, enfatizando que la única vía válida para residir en Chile es volver a entrar legalmente, utilizando lo que describió como la puerta de entrada oficial. Con estas declaraciones, el mandatario dejó claro que, si bien hay espacio para ajustes técnicos en la indicación de salud, la política de fondo sobre la expulsión y el control de extranjeros irregulares permanece inalterable.
