Tras la celebración de 38 sesiones intensas, el presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, y a nueve empresarios, ha pronunciado las palabras de visto para sentencia. A partir de este momento, los tres magistrados encargados del caso deberán deliberar y redactar el fallo judicial, un proceso que se estima tardará al menos dos meses. El tribunal deberá determinar si, tal como sostiene la Abogacía del Estado y el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, el primogénito del exmandatario, Jordi Pujol Ferrusola, sus seis hermanos y la exesposa del primero, Mercè Gironès, incurrieron en delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales utilizando fondos depositados en Andorra.
La tesis de la acusación sostiene que el origen de este dinero reside en el cobro de comisiones ilegales vinculadas a la adjudicación de obras públicas, proceso en el cual los empresarios imputados habrían colaborado para camuflar la operativa financiera. Frente a esta versión, la defensa, integrada por destacados despachos de abogados de Barcelona y Madrid, argumenta que los fondos provienen de un legado, denominado deixa en catalán, dejado por el abuelo Florenci Pujol a sus siete hijos y a su esposa, Marta Ferrusola. Según la defensa, el capital se mantuvo en el extranjero como medida de precaución ante una posible complicación de la situación política en España que obligara a la familia al exilio, motivado especialmente por la actividad política de Jordi Pujol Soley.
El desarrollo del juicio estuvo marcado por la situación procesal de Jordi Pujol Soley. Desde el primer día de la vista, el 24 de noviembre del año pasado, se evaluó su capacidad para comparecer. Informes médicos concluyentes determinaron que el exmandatario no se encontraba en condiciones físicas ni cognitivas para defenderse de manera autosuficiente, por lo que siguió el proceso desde su domicilio. El pasado 27 de abril, tras ser reconocido por forenses en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, quedó exonerado, a pesar de que la fiscalía solicitaba para él una pena de nueve años de prisión. Durante su comparecencia, mostró graves dificultades de memoria y comprensión, llegando a no reconocer a su propio hijo.
Sin embargo, la exoneración de Pujol Soley no ha modificado el relato fáctico de la fiscalía. El representante del ministerio público sostiene que el expresidente aprovechó su cargo político para tejer una red de clientelismo y crear un entramado donde su familia y empresarios cercanos a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) se repartían beneficios extraordinarios de concursos públicos, amasando un patrimonio oculto a la Hacienda Pública y a la sociedad catalana. El fallo deberá valorar si existen pruebas suficientes para acreditar esta trama, independientemente de la exoneración personal del exmandatario.
La sentencia deberá dilucidar el papel de Jordi Pujol Ferrusola como gestor del patrimonio familiar. El fiscal Bermejo considera que las comisiones ilegales se canalizaron a través de servicios simulados sin base documental, ya que las sociedades de Ferrusola carecían de los medios necesarios para realizar ciertos trabajos. Por su parte, el acusado y diversos testigos sostuvieron que existieron labores de intermediación real en negocios desarrollados en países como Gabón, Argentina y México, alegando que estas operaciones se realizaban a éxito basándose en los contactos y conocimientos del empresario.
El juicio también abordó la posible financiación ilegal de CDC. Se mencionó que Pujol Ferrusola avaló un crédito de Fibanc para empresas vinculadas al caso del Palau de la Música y otra sociedad que trabajó para el partido, a petición del difunto tesorero Carles Torrents. Aunque este hecho fue expuesto, el fiscal no incluyó una acusación formal por este punto. Asimismo, el proceso estuvo influenciado por las menciones a la Operación Cataluña. El comisario José Manuel Villarejo declaró ante el tribunal, aunque su testimonio no aportó claridad sobre las maniobras policiales para perjudicar a la familia Pujol. En contraposición, Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de la BPA, afirmó haber recibido presiones de mandos policiales y del agregado de Interior en Andorra, quien le advirtió que el Estado español estaba en guerra con familias catalanas como las de Mas, Junqueras y Pujol.
Finalmente, las peticiones de condena son severas. La Fiscalía Anticorrupción solicita 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, 17 para Mercè Gironès, 14 para Josep Pujol y ocho años para el resto de los hermanos. Para los nueve empresarios, pide cinco años de cárcel. La Abogacía del Estado solicita 25 años para el primogénito, 17 para Gironès, cuatro años y medio para Josep y dos años para los empresarios, sin acusar al resto de los hermanos. Las defensas, por su parte, mantienen la solicitud de absolución total por falta de pruebas.
