La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el pasado jueves que las mujeres continúen accediendo a la mifepristona, la píldora utilizada para abortos con medicamentos, a través de consultas de telesalud. Con esta decisión, el máximo tribunal mantiene el statu quo mientras funcionarios del estado de Louisiana persisten en sus esfuerzos legales para limitar la disponibilidad del fármaco en tribunales inferiores.
El tribunal conservador impuso una suspensión a una decisión emitida el 1 de mayo por el Tribunal de Apelaciones del 5.º Circuito de EE.UU., la cual exigía de manera abrupta que las pacientes obtuvieran el medicamento mediante visitas presenciales. Tras este movimiento, la atención jurídica regresa al tribunal de apelaciones con sede en Nueva Orleans, instancia que deberá decidir sobre el fondo de la impugnación presentada por Louisiana.
En su resolución, la Corte Suprema no proporcionó una explicación sobre su razonamiento ni reveló el sentido de la votación. No obstante, el fallo no fue unánime, ya que los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron su disconformidad con la decisión. El juez Alito, en su disenso, calificó de "notable" que el tribunal concediera suspensiones en este caso sin ofrecer un razonamiento detallado. Además, señaló que lo que está en juego es la ejecución de un plan diseñado para socavar la decisión de la Corte que, hace cuatro años, revocó el precedente de Roe v. Wade.
Por su parte, el juez Clarence Thomas redactó un breve disenso en solitario. Thomas argumentó que una ley del siglo XIX, que había permanecido inactiva durante mucho tiempo y prohíbe el envío por correo de fármacos usados para abortos, sumada a la estricta prohibición del aborto en el estado de Louisiana, impedía que los fabricantes del medicamento lograran que los tribunales intervinieran en su favor. Thomas fue enfático al escribir que las compañías no tienen derecho a una suspensión de una orden judicial basada en las ganancias perdidas de lo que denominó una "empresa criminal", afirmando que no pueden sufrir un daño irreparable por una orden que les dificulte cometer delitos.
Asimismo, el juez Thomas resaltó que el tribunal decidió no escuchar argumentos en el caso, a pesar de que ambas partes lo habían solicitado. Esto implica que el fondo de la disputa se resolverá en un tribunal federal de apelaciones, aunque es probable que el asunto regrese a la Corte Suprema en el futuro.
Este caso se posiciona como el proceso más significativo relacionado con el aborto que llega al máximo tribunal desde la caída de Roe v. Wade en 2022. Tras la eliminación de aquel derecho constitucional, diversos estados conservadores prohibieron los abortos en clínicas, lo que impulsó la demanda de la mifepristona. Desde la pandemia de covid-19, las mujeres han accedido a este fármaco mediante citas de telesalud, una situación que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del gobierno de Joe Biden formalizó en 2023 al eliminar el requisito de la visita presencial.
El impacto de la telesalud ha sido considerable. Los abortos con medicamentos ya representan más del 60% de los abortos en EE.UU., según el Instituto Guttmacher. La Society of Family Planning estima que aproximadamente uno de cada cuatro abortos a nivel nacional se realizó mediante telesalud en 2025, en comparación con menos de uno de cada diez en 2022.
En términos de seguridad, datos analizados por CNN indican que la mifepristona es más segura que otros medicamentos comunes de bajo riesgo, como la penicilina o el Viagra. De acuerdo con la FDA, hubo cinco muertes asociadas al uso de este fármaco por cada millón de personas que lo utilizaron entre el año 2000 y 2023. A pesar de esto, Louisiana demandó a la FDA alegando que la regulación de la era Biden socavaba la prohibición estatal del aborto. Aunque un tribunal de distrito dio parcialmente la razón al estado en abril, concluyendo que la política de la FDA era arbitraria por falta de datos de seguridad, bloqueó la ejecución de la medida para permitir que la agencia terminara una revisión del medicamento.
La crisis se intensificó cuando un panel del 5º Circuito, compuesto por jueces designados por presidentes republicanos, suspendió la norma de la FDA a principios de este mes. Esto obligó repentinamente a las mujeres a acudir a citas presenciales, generando lo que proveedores médicos describieron como horas "caóticas" y "frenéticas". Ante esto, Danco Laboratories y GenBioPro, fabricantes del fármaco y su versión genérica, acudieron a la Corte Suprema advirtiendo sobre el riesgo de cortar el acceso a los pacientes en todo el país.
El conflicto legal actual revive un asunto de 2024, donde el tribunal rechazó una demanda similar porque los demandantes antiaborto no tenían legitimación para demandar. El juez Brett Kavanaugh señaló entonces que las objeciones sinceras no otorgan derecho a demandar si no se demuestra un perjuicio personal directo. Louisiana intenta ahora sostener su legitimación alegando un "daño soberano" por la elusión de sus leyes y perjuicios económicos derivados de costos de Medicaid, argumentos que la Corte Suprema ya había rechazado previamente en casos similares.
Finalmente, la situación ha dejado al Gobierno de Trump en una posición inusual, defendiendo la norma de la FDA frente a grupos antiaborto que exigen la reversión del acceso impulsado por Biden. Hasta el momento, la administración se ha negado a realizar cambios y se opuso a la demanda de Louisiana.
