La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, ha emitido una resolución determinante respecto al expediente de denuncias por presunto hostigamiento sexual interpuestas contra el exdiputado Fabricio Alvarado. A través de este acto administrativo, Jiménez declaró improcedente el proceder con la votación del expediente, fundamentando su decisión en la situación jurídica actual del señalado, quien ya no ostenta la calidad de legislador.
Según la resolución, la aplicación del reglamento interno contra el hostigamiento sexual está limitada exclusivamente a aquellos diputados o funcionarios que se encuentren en pleno ejercicio de sus cargos. Esta postura no fue una decisión unilateral, sino que se basó estrictamente en un criterio técnico emitido por la asesoría legal de la Asamblea Legislativa, entidad encargada de velar por el cumplimiento normativo dentro del cuerpo legislativo.
Durante el anuncio, Jiménez fue enfática al señalar que la Asamblea Legislativa anterior poseía todas las facultades y potestades necesarias para resolver el caso en su momento. Sin embargo, el proceso no pudo concluirse debido a obstáculos operativos, específicamente la falta de cuórum en las últimas dos sesiones programadas para tratar el tema. La presidenta destacó que estas ausencias fueron protagonizadas por diputados de la fracción de Nueva República, el bloque oficialista y algunos de sus aliados, lo que impidió que el plenario llegara a una resolución final mientras Alvarado aún era diputado.
Antes de dar lectura formal a la resolución, la legisladora expresó un fuerte repudio hacia el acoso sexual en cualquier ámbito, manifestando el sinsabor que le provoca identificar nuevamente un deber no cumplido por parte de la legislatura anterior. Para Jiménez, la incapacidad de juzgar el caso en el tiempo oportuno representa una falla en la responsabilidad institucional.
En un tono de advertencia, la presidenta del Congreso subrayó que el incumplimiento de lo establecido en la ley o la negligencia en el desempeño de las labores por parte de los funcionarios públicos podría acarrear consecuencias legales graves, tales como el delito de incumplimiento de deberes y el prevaricato. Asimismo, recalcó que emitir resoluciones que deriven en nulidades jurídicas también podría incurrir en estos delitos. Jiménez justificó su decisión alegando que su responsabilidad principal es velar por que el plenario no adopte resoluciones que carezcan de legalidad, evitando así vicios procesales que pudieran afectar la validez del acto.
Respecto a la situación de las personas afectadas, Jiménez aseguró que esta decisión no implica un estado de desprotección para la denunciante. Explicó que existe un trámite penal en curso en el juzgado de Desamparados y que ya se han dispuesto medidas cautelares orientadas a garantizar la protección de las víctimas. En este sentido, hizo un llamado directo al Poder Judicial para que sea este organismo el encargado de resolver el caso en el ámbito penal.
El expediente regresó a la corriente legislativa después de que Fabricio Alvarado perdiera su inmunidad parlamentaria el pasado 30 de abril, fecha en la que concluyó oficialmente su periodo como diputado. Actualmente, el exlegislador se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República dentro de una causa penal por presuntos delitos de índole sexual, proceso en el cual figuran tres víctimas.
La resolución no estuvo exenta de críticas. Durante la reunión de jefaturas de fracción, Jiménez ya había anticipado que la resolución estaba lista, pero una vez comunicada, las fracciones de oposición reaccionaron con vehemencia. Diputadas como Janice Sandí, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificaron la medida como un acto de impunidad, afirmando que la decisión deja claras las mujeres costarricenses sobre el valor que se le otorga a su integridad. Por su parte, la diputada de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, describió la resolución como vergonzosa.
