En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un grupo numeroso de usuarios de energía eléctrica llevó a cabo una manifestación pacífica pero firme en las instalaciones del Congreso del Estado. El objetivo primordial de esta movilización fue denunciar los elevados cobros que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha impuesto recientemente a los consumidores, quienes aseguran que los montos reflejados en sus facturas se han incrementado de manera desproporcionada y carecen de una justificación clara por parte de la entidad paraestatal.
Durante la sesión del Congreso, los manifestantes se hicieron presentes portando pancartas y exhibiendo sus recibos de luz más recientes. Estos documentos fueron presentados como evidencia material ante los legisladores locales, ya que en ellos se puede observar que los pagos exigidos se han duplicado en comparación con los consumos registrados en el mismo periodo del año anterior. Ante esta situación, los ciudadanos exigieron la intervención inmediata de los diputados para gestionar una solución que mitigue el impacto económico en sus hogares.
Entre las demandas principales planteadas por los afectados se encuentra la solicitud de un subsidio mínimo de siete meses, así como una revisión exhaustiva y transparente de las tarifas aplicadas. Leticia Quintero, quien se identificó como la líder de este movimiento que agrupa a cientos de ciudadanos, señaló que el incremento en los cobros representa un golpe severo al patrimonio de las familias sinaloenses. Quintero hizo un llamado enérgico a los legisladores locales para que actúen como mediadores y pongan un alto a lo que calificó como abusos en la aplicación de las tarifas eléctricas.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la insuficiencia de los apoyos actuales. Quintero explicó que, aunque desde hace varios años existe un esquema de subsidio durante seis meses de verano que comienza a regir en el mes de mayo —equivalente a la denominada tarifa IF—, este mecanismo no ha sido suficiente para contener el alza de precios en el ciclo actual. Según el testimonio de la representante, a pesar de contar con dicho beneficio, los recibos recientes muestran un aumento que supera el doble de lo pagado el año pasado, lo que sugiere que hay otros factores influyendo en el costo final del servicio.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra Ochoa, tomó conocimiento de las demandas y brindó información sobre las gestiones que ya se están realizando desde el ámbito gubernamental. Guerra Ochoa informó que la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, ya sostuvo una reunión de trabajo con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad. En dicho encuentro, la mandataria interina planteó formalmente las quejas que se han estado multiplicando entre la población sinaloense debido a los costos excesivos del suministro eléctrico.
En relación a las causas de estos aumentos, la presidenta de la Jucopo compartió un dato relevante proporcionado por la CFE. Según la paraestatal, en meses anteriores se presentaron dificultades para que el personal técnico ingresara a diversas comunidades, especialmente en las zonas rurales, para realizar la lectura correspondiente de los medidores. Esta falta de lectura periódica provocó que se generara un acumulado de consumos no facturados en su momento. Por lo tanto, al momento de efectuarse el ajuste y la lectura real, los cobros se elevaron considerablemente en un solo periodo, generando la percepción de un aumento tarifario súbito.
No obstante, ante la persistencia de las quejas y la magnitud del descontento social, Teresa Guerra Ochoa aseguró que el Congreso no se ha quedado de brazos cruzados. Indicó que desde hace varias semanas se envió una solicitud formal a la CFE para que la dependencia entregue un informe detallado y oficial sobre la situación prevaleciente con respecto al aumento de los cobros por consumos eléctricos domésticos en la entidad. Los ciudadanos permanecen a la espera de dicha respuesta y de que las gestiones políticas se traduzcan en un alivio económico real para los usuarios afectados.
