El Ministerio Público ha presentado una sólida acusación contra el candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, presidente del partido político Juntos por el Perú (JP), solicitando una pena de 5 años y 4 meses de prisión. La imputación se basa en los presuntos delitos de falseamiento de la información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, cometidos en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2020.
Para sustentar este pedido, la fiscalía ha presentado 164 elementos de convicción. El eje central de la acusación radica en que Sánchez Palomino, quien era el responsable de reportar los aportes y gastos de campaña, habría consignado información falsa en los reportes financieros entregados a la entidad electoral. Específicamente, en la Información Financiera Anual y la Declaración de Ingresos y Gastos de la Campaña Electoral de 2018, el candidato reportó que sus ingresos y egresos fueron de "cero" soles.
Sin embargo, las investigaciones del Ministerio Público revelaron que, contrario a lo declarado, el partido sí recibió aportes que sumaban un monto de S/204,951.36 durante aquel año. Según la fiscalía, dicho dinero fue depositado en las cuentas bancarias de William Ricardo Sánchez Palomino, hermano del candidato y quien en ese entonces se desempeñaba como Presidente del Comité Nacional Electoral de la organización política.
Esta irregularidad no se limitó al año 2018. El Ministerio Público sostiene que una situación similar ocurrió en la data consignada en la Información Financiera Anual de los años 2019 y 2020, así como en la declaración de ingresos y gastos de la campaña para las Elecciones Congresales 2020. En estos periodos, se detectaron ingresos de aportes en una cuenta mancomunada de dos coacusados por la suma de S/75,000. Asimismo, se registró un "aporte en bienes" que posteriormente fue negado por la persona que supuestamente lo había brindado.
El fiscal Humberto Ruiz, del segundo despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, afirmó que los delitos se consumaron en el momento en que la información falsa fue declarada ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. Además de los 164 elementos ya presentados, la fiscalía ha señalado que, de proceder el juicio oral, se actuarían otras 101 pruebas, incluyendo la convocatoria de testigos clave y diversas documentales.
Entre las pruebas materiales más relevantes se encuentran ocho vouchers de transferencias bancarias realizadas al Banco de Crédito del Perú (BCP) a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino. Es importante precisar que William Sánchez fue excluido de este proceso en el año 2025, luego de que una Sala Superior declarara fundado su recurso de excepción de improcedencia de acción, determinando que la recepción de aportes no constituía el delito imputado en su contra.
El caso cuenta con testimonios que refuerzan la tesis fiscal. Raúl del Castillo, exsecretario general de Juntos por el Perú, reconoció que en 2018 se realizaron aportes debido a que el partido no contaba con financiación estatal en ese momento, dinero que se utilizó para inscripciones, apelaciones y movilización del comité electoral. En esa misma línea, Juan Silva, personero legal del partido desde 2019, señaló que se realizaban aportes voluntarios custodiados por el Comité Electoral Nacional. Asimismo, Francisco José Espinoza Llanos, candidato al Consejo Regional del Callao en 2018, confirmó haber pagado entre S/200 y S/300 por su precandidatura siguiendo instrucciones del mencionado comité.
Incluso el expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha confirmado que existían cuotas para los precandidatos en 2018, dinero que debía ingresar a la cuenta del partido. Simon sería convocado como testigo si el caso llega a la etapa de juicio oral.
Por su parte, Roberto Sánchez Palomino ha negado los cargos. El candidato sostiene que no existió el cobro de tasas para los postulantes de 2018 y argumenta que el dinero transferido a las cuentas de su hermano correspondía al Comité Electoral, órgano que, según su defensa, posee autonomía y no tenía la obligación de reportar dichos fondos a la ONPE. El político calificó la acusación de "delito menor" y aseguró que las imputaciones sobre apropiación de dinero fueron archivadas por el Poder Judicial.
Actualmente, Sánchez y sus coacusados se encuentran bajo la medida de comparecencia simple. El Poder Judicial analizará la nueva acusación presentada por la fiscalía este 27 de mayo.
