La vicepresidenta sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, Isabel Iturria, anunció la puesta en marcha de un plan de acción inmediata diseñado para fortalecer la respuesta sanitaria y ambiental del país. Esta estrategia integral contempla, en primera instancia, la expansión de las jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla, así como el despliegue de actividades de reforestación que buscan aprovechar el ciclo natural del inicio de las lluvias para optimizar el crecimiento de las especies vegetales.
En lo que respecta al ámbito de la salud pública, el Gobierno Nacional tiene como objetivo principal intensificar los procesos de inmunización en diversas regiones del territorio. Como antecedente de esta gestión, la funcionaria informó que entre los meses de enero y abril del presente año se han logrado aplicar un total de 790.000 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla. Esta cifra representa el punto de partida para la nueva fase de expansión, la cual busca ampliar la cobertura geográfica para reducir la vulnerabilidad de la población ante el virus.
Inicialmente, la campaña de vacunación estaba concentrada en cuatro entidades federales: Barinas, Lara, Aragua y Portuguesa. No obstante, siguiendo los lineamientos del plan de acción inmediata, la inmunización se extenderá ahora a los estados Apure, Yaracuy, Guárico, Cojedes, Monagas y Sucre. La selección de estas seis nuevas regiones no ha sido azarosa, sino que responde a un riguroso proceso de monitoreo de los corredores ecológicos. Según explicó la vicepresidenta Iturria, estos corredores son las zonas donde se ha detectado una mayor presencia del virus, lo que hace imperativo priorizar la protección de los habitantes y trabajadores de dichas áreas.
De manera paralela a la lucha contra la fiebre amarilla, la vicepresidenta Iturria anunció la reactivación del programa denominado El PAI va a la escuela. Esta iniciativa, que se llevará a cabo entre finales de mayo y durante el mes de junio, tiene como propósito fundamental completar los esquemas de vacunación en la población infantil. El objetivo es asegurar que los menores cuenten con todas las dosis necesarias y los refuerzos correspondientes contra enfermedades como el sarampión, la rubéola y la parotiditis, garantizando que los niños estén debidamente protegidos antes del inicio del periodo de vacaciones escolares.
En relación con la infraestructura sanitaria y la situación de los servicios públicos, la funcionaria abordó la problemática del suministro eléctrico. Iturria aseguró que, a pesar de las dificultades, los centros asistenciales han sido dotados con plantas eléctricas. Estas instalaciones son críticas para garantizar la continuidad de los servicios médicos, especialmente para proteger la cadena de frío donde se almacenan las vacunas, evitando que pierdan su efectividad por variaciones de temperatura. Asimismo, el respaldo eléctrico permite que se mantengan las cirugías programadas, haciendo especial énfasis en procedimientos especializados como las operaciones de cataratas y la colocación de marcapasos, que no pueden ser interrumpidas.
A pesar de contar con estos respaldos técnicos, las autoridades gubernamentales hicieron un llamado enfático a todas las instituciones del Estado para implementar y mantener una política de ahorro energético de forma transversal. Esta medida busca mitigar el impacto de la crisis de servicios públicos y optimizar el uso de los recursos disponibles en todo el aparato administrativo y sanitario.
Finalmente, la agenda presentada por la vicepresidenta Iturria incluyó un fuerte componente ecosocialista. Se anunció la activación de un voluntariado nacional destinado al Plan Chuquisaca, un proyecto orientado específicamente a la siembra de árboles autóctonos, aprovechando la humedad del suelo proporcionada por las lluvias recientes. Complementando esta acción práctica, se informó que el Ejecutivo remitirá próximamente a la Asamblea Nacional un proyecto de ley marco. Esta propuesta legislativa tiene como finalidad actualizar la normativa vigente sobre ecosocialismo en el país, adaptando el marco legal a las necesidades actuales de preservación ambiental y desarrollo sostenible.
