En el marco de la segunda y última jornada de votación en particular de la megarreforma dentro de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el Gobierno concretó el compromiso asumido previamente para reformular el crédito tributario al empleo. El objetivo central de esta modificación es otorgar un mayor énfasis a la contratación de mujeres y jóvenes, logrando así un respaldo legislativo que superó las filas del oficialismo.
Gracias a este ajuste, la propuesta obtuvo 10 votos a favor, sumando a los ocho parlamentarios del oficialismo el apoyo del independiente Carlos Bianchi y de la representante de la DC, Priscilla Castillo. En contraste, el diputado Juan Valenzuela, del Partido de la Gente, optó por la abstención, mientras que Boris Barrera, del PC, y Jorge Brito, del Frente Amplio, rechazaron la medida. Aunque se preveía que este cambio se implementara durante la discusión en la sala de la Cámara, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, decidió adelantarse y presentar la modificación directamente en la comisión.
Técnicamente, la modificación reduce la base del crédito del 15% al 14% sobre las remuneraciones mensuales pagadas por trabajador. Sin embargo, se establece un incremento de un punto porcentual si el trabajador es mujer, elevando el crédito al 15%, mientras que disminuye un punto para los hombres, bajando al 13%. Adicionalmente, se suman 1,5 puntos si el trabajador es menor de 25 años. El secretario de Estado aclaró que estos ajustes son acumulables; por ejemplo, una mujer menor de 25 años con remuneraciones situadas entre 7,8 y 12 UTM puede acceder a un crédito del 16,5%. Esta norma permite a las empresas con trabajadores en ese rango salarial obtener un crédito tributario descontable a través del IVA o los PPM, lo que reduciría la tasa de impuesto de primera categoría en aproximadamente tres puntos porcentuales.
Otro de los puntos neurálgicos de la sesión fue la rebaja del impuesto a las empresas, que pasaría del 27% al 23% en un plazo de cuatro años, elemento considerado el corazón de la megarreforma. Esta medida generó una fuerte polémica debido a que la oposición manifestó su preocupación por la disminución de la recaudación fiscal, estimada en US$1.800 millones. Durante el debate, el ministro Jorge Quiroz reaccionó ante las críticas calificando algunas afirmaciones de los parlamentarios como ignorantes respecto a realidades económicas básicas. Esta declaración provocó la respuesta inmediata del diputado PS Daniel Manouchehri, quien señaló que no correspondía tratar de ignorantes a los parlamentarios.
A pesar de la controversia, la reducción gradual del impuesto fue aprobada con los votos del oficialismo y de Juan Valenzuela (PDG), mientras que Priscilla Castillo se abstuvo y la oposición rechazó el artículo en bloque. El calendario de reducción establece que en 2027 la tasa bajará al 25,5% (operación renta 2028), en 2028 al 24% (operación renta 2029) y en 2029 llegará al 23% (operación renta 2030).
En la misma línea, la comisión aprobó la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales del 10% y la reintegración del sistema tributario. Esta última medida, también gradual, busca volver a una reintegración total para el año tributario 2031. El objetivo es revertir el cambio realizado en la reforma de 2014 bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que había instaurado un sistema semiintegrado donde los dueños de empresas solo podían utilizar el 65% del impuesto de primera categoría como crédito contra sus impuestos personales. Con el nuevo ajuste, se busca que dicho pago pueda imputarse nuevamente en un 100%.
No todas las propuestas del Ejecutivo prosperaron. La eliminación de la franquicia tributaria del Sence fue rechazada, luego de que los diputados de RN, Diego Schalper y Eduardo Durán, se alinearan con la oposición.
Finalmente, se aprobaron diversos artículos adicionales. Se redujo de dos años a seis meses el plazo para invalidar autorizaciones sectoriales según la ley N° 21.770. Se creó el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios hasta diciembre de 2028 para atender las necesidades derivadas de los siniestros en la Región de Valparaíso (febrero 2024) y en las regiones de Ñuble y Biobío (enero 2026). Asimismo, se modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura para eximir del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a las relocalizaciones de concesiones que respondan a meros ajustes cartográficos. En materia medioambiental, se estableció que las modificaciones de proyectos con resolución favorable solo requerirán nueva evaluación si existe un cambio sustantivo en la magnitud o duración de los impactos, excluyendo mejoras tecnológicas que no aumenten significativamente las cargas ambientales. La votación continuó hasta el total despacho.
