El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó la autorización para el traslado de integrantes pertenecientes a cuatro estructuras armadas ilegales hacia cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Esta medida se enmarca en la estrategia denominada paz total, buscando concentrar a los combatientes en áreas específicas mientras avanzan los procesos de negociación con el Gobierno Nacional. Entre las organizaciones incluidas en esta disposición se encuentra el Clan del Golfo, el grupo armado más grande del país.
No obstante, el Ejecutivo ha dejado claro que esta medida no es universal para todos los integrantes de dichas estructuras. Por el momento, la decisión no cobija a aquellos cabecillas que cuenten con solicitudes de extradición vigentes. Un caso emblemático es el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, quien es considerado el máximo jefe del Clan del Golfo y no podrá acceder a estas zonas debido a su situación jurídica internacional.
De acuerdo con la información oficial, el Gobierno ha acordado un total de siete Zonas de Ubicación Temporal distribuidas entre cuatro organizaciones distintas. Para el caso específico del Clan del Golfo, también denominado Ejercito Global de Colombia (EGC), las áreas seleccionadas para el traslado se encuentran en Tierralta, en el departamento de Córdoba, así como en Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó.
En cuanto al cronograma de implementación, se produjo un cambio significativo en las fechas. Aunque inicialmente se había previsto que el inicio de este proceso ocurriera el 1 de marzo de 2026, el traslado arrancaría finalmente el próximo 25 de junio. Se estima que el primer contingente estará compuesto por cerca de 400 integrantes del Clan del Golfo.
Además de este grupo, el Gobierno, a través del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, definió otras ubicaciones estratégicas para las demás organizaciones en negociación. Se estableció una zona en el área rural de Tibú, Norte de Santander, destinada al Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), organización liderada por alias Calarcá. Asimismo, se definió una zona en el municipio de Mallama, Nariño, para los Comuneros del Sur. Finalmente, se crearon dos áreas denominadas Zonas de Capacitación Integral (ZOCIUT), ubicadas en Roberto Payán, Nariño, y Valle del Guamuez, Putumayo, destinadas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Esta decisión fue el resultado de una reunión de alto nivel encabezada por el presidente Gustavo Petro, en la que participaron Otty Patiño y los delegados del Gobierno asignados a las diversas mesas de negociación. Durante este encuentro, el Ejecutivo analizó los avances y las dificultades que presenta cada uno de los diálogos en curso con los grupos armados.
En un comunicado oficial, la Presidencia subrayó que, durante la primera fase de implementación de las ZUT, no podrán hacer presencia personas con órdenes de captura vigentes con fines de extradición. El documento señala que esta situación será objeto de una evaluación posterior por parte del Presidente de la República. Al mismo tiempo, el Gobierno reiteró que la dirección de la política de paz y del orden público es una responsabilidad exclusiva del jefe de Estado, amparada en el artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 2272 de 2022.
A pesar del anuncio, la medida ha generado cuestionamientos jurídicos y operativos. Paula Tobón, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, ha advertido que las resoluciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre las ZUT dejan interrogantes sobre su alcance real. Según Tobón, existe el riesgo de que estas zonas se conviertan en hitos vacíos, ya que podrían dar la impresión de avances rápidos sin reflejar progresos reales en las negociaciones.
La investigadora recordó que, basándose en la Ley 2272 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, las ZUT deberían implementarse únicamente cuando las conversaciones estén en una etapa avanzada. En el caso del Clan del Golfo, Tobón considera difícil afirmar que se haya alcanzado dicho punto, dado que aún no se han acordado asuntos fundamentales. Asimismo, señaló la ausencia de una Ley de Sometimiento, lo que genera un vacío legal y una situación de vulnerabilidad para los líderes de alto perfil, quienes carecen de certezas jurídicas sobre su futuro o sobre el mecanismo legal que facilite su transición a la vida civil. En conclusión, advirtió que sin garantías sólidas, no existen incentivos suficientes para que el grupo armado más grande del país avance definitivamente hacia la paz.
