La Asamblea Nacional de Panamá se encuentra en el centro de una fuerte controversia financiera tras los cuestionamientos planteados por la diputada Janine Prado, quien ha puesto en duda la transparencia en el manejo de los fondos institucionales. El núcleo del conflicto radica en un movimiento millonario de dinero que, según la legisladora, no fue sometido al escrutinio de la Comisión de Presupuesto, elevando así los gastos operativos de la entidad sin el debido proceso administrativo.
Durante una sesión de interrogatorio, la diputada Prado, integrante del partido Vamos, formuló una serie de preguntas directas y complejas al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, perteneciente al Partido Panameñista. La preocupación central de la diputada veragüense se enfoca en el mecanismo legal y administrativo bajo el cual se aprobó un traslado de partida ascendente a 4.2 millones de dólares a favor de la institución, cuestionando cómo se ejecutó dicho movimiento sin pasar por los filtros habituales de fiscalización.
Para sustentar sus señalamientos, Prado presentó un análisis detallado de las cifras presupuestarias. Explicó que, al consultar sobre el presupuesto real de la Asamblea a la fecha, el equipo de trabajo de Jorge Herrera le informó que la cifra ascendía a 111.1 millones de dólares. Sin embargo, la diputada recordó que el presupuesto de ley aprobado para la vigencia fiscal 2026 fue fijado en 98.7 millones de dólares, desglosados en 95.7 millones para funcionamiento y 3 millones destinados a inversión.
La diputada detalló que, si bien es cierto que la Comisión de Presupuesto había aprobado previamente un traslado de 12.1 millones de dólares, lo que elevaba el monto total a 110.8 millones, todavía existía una diferencia de casi 300,000 dólares que no había sido aclarada. Prado aclaró que los montos inferiores a esa cifra no requieren pasar por la aprobación de dicha comisión, pero subrayó que el monto en disputa de 4.2 millones de dólares sí debería haber sido escrutado.
La situación se tornó más crítica cuando la legisladora reveló que realizó una consulta adicional en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según las declaraciones de Aurelio Mejía, funcionario del MEF, el saldo real de la Asamblea Nacional es de 115.3 millones de dólares. Esta cifra contradice tanto el presupuesto aprobado por ley como la información proporcionada por el equipo del presidente de la Asamblea, evidenciando una brecha financiera significativa.
Ante estos datos, Janine Prado cuestionó directamente a Jorge Herrera sobre la procedencia de esos 4.2 millones de dólares adicionales. La diputada preguntó específicamente si dicho traslado fue solicitado por el directivo y si su aprobación se dio a través del mecanismo de silencio administrativo, el cual ocurre cuando una autoridad no responde en el tiempo legal establecido, interpretándose dicha omisión como una aceptación.
La respuesta de Jorge Herrera fue limitada y no resolvió las dudas planteadas por la diputada. El presidente de la Asamblea se limitó a señalar que la información manejada en el registro hasta el 30 de abril era de 110 millones de dólares. Ante la insistencia de Prado, quien señaló que debía existir una explicación sobre lo ocurrido entre el 30 de abril y el 13 de mayo, Herrera evitó profundizar en el mecanismo de aprobación de los fondos adicionales.
Finalmente, el directivo panameñista aseguró que no desconoce el presupuesto real de la institución, afirmando que sus declaraciones se basan estrictamente en los datos del presupuesto. A pesar de estas afirmaciones, la falta de una respuesta clara sobre el flujo de los 4.2 millones de dólares mantiene abierta la polémica sobre el incremento de los gastos en la Asamblea Nacional y la posible omisión de los controles presupuestarios obligatorios.
