El fiscal federal Gerardo Pollicita llevó adelante este miércoles la toma de declaración de José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. El inmueble fue alquilado por Manuel Adorni, el actual jefe de Gabinete, en el marco de una investigación judicial que busca determinar la existencia de un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario nacional. Durante su testimonio, Rodríguez proporcionó datos precisos y nuevos elementos sobre los gastos relacionados con el alquiler de la propiedad, así como detalles sobre otros contratos temporarios que fueron celebrados con Adorni.
De acuerdo con la información que trascendió de la declaración, Rodríguez confirmó que el funcionario abonó la suma de 15.600 dólares para poder instalarse durante un periodo de 13 meses junto a su familia en la propiedad del barrio privado. Esta estadía temporal ocurrió mientras se llevaban a cabo diversas refacciones en la casa que Adorni había adquirido en la localidad de Exaltación de la Cruz por un valor de 120.000 dólares. Según el testimonio, la obra de remodelación estuvo a cargo del contratista Matías Tabar y sufrió una serie de demoras que obligaron a extender el tiempo de permanencia previsto inicialmente en el alquiler.
El propietario detalló ante la Justicia que existieron tres acuerdos distintos de alquiler con el funcionario, resaltando que todos los pagos fueron realizados en efectivo y en moneda extranjera. El primer acuerdo fue firmado en octubre de 2023, en un momento previo a que Javier Milei asumiera la Presidencia y antes de que Adorni fuera designado en su cargo actual. Este primer contrato establecía el alquiler de la vivienda entre el 31 de diciembre de 2023 y el 3 de marzo de 2024, por un monto total de 5.600 dólares, a lo que se sumaron otros 1.000 dólares entregados en concepto de depósito al momento de la firma.
Posteriormente, se celebró un segundo contrato en marzo de 2024, el cual se extendió desde el 1 de ese mes hasta el 28 de febrero de 2025. El valor total acordado para este periodo fue de 13.000 dólares. Rodríguez precisó que, entre los meses de marzo y diciembre de 2024, Adorni efectuó pagos mensuales de 800 dólares. Luego, en enero de 2025, el funcionario abonó 3.000 dólares y, en febrero, otros 2.000 dólares para completar el monto.
Finalmente, el propietario sostuvo que existió un tercer acuerdo, aunque en esta ocasión no se redactó un contrato firmado. Este entendimiento informal habría cubierto el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2025. Según la declaración, Adorni pagó 2.400 dólares correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, además de 800 dólares adicionales por el mes de junio, fecha en la que finalizó definitivamente su estadía en el lote del country Indio Cuá.
Estas declaraciones se complementan con el testimonio previo de Matías Tabar, el contratista responsable de las remodelaciones en la casa comprada por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, dentro del mismo barrio privado. Tabar aseguró ante el fiscal Pollicita que las obras demandaron una inversión aproximada de 245.000 dólares, aclarando que dichos montos fueron abonados íntegramente en efectivo y sin la emisión de facturas.
El empresario explicó en Comodoro Py que los trabajos se desarrollaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Las reformas fueron exhaustivas e incluyeron diversos sectores de la propiedad, tales como la cocina, los baños, el quincho, la pileta, los pisos y la galería. Tabar detalló que recibió los pagos en dos etapas: una primera entrega de 55.000 dólares durante el año 2024 y un segundo monto de 190.000 dólares durante el año 2025. Para respaldar sus dichos, el contratista entregó su teléfono celular y proporcionó datos de los trabajadores que participaron en la obra, incluyendo albañiles, plomeros y electricistas.
La investigación judicial, que está a cargo del juez federal Ariel Lijo e impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, tiene como objetivo principal reconstruir la evolución patrimonial del funcionario. La Justicia intenta determinar el origen de los fondos utilizados tanto para la compra de las propiedades como para el financiamiento de las costosas remodelaciones. En este contexto, el expediente ya cuenta con solicitudes de informes patrimoniales, registros de vehículos, movimientos financieros y registros de propiedades.
Un punto relevante de la causa es la escritura de la vivienda en el country Indio Cuá, firmada el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko. No obstante, la documentación oficial presentada en la causa revela que la propiedad todavía figura en los registros municipales a nombre del dueño anterior, Juan Ernesto Cosentino. Asimismo, el juez Lijo ha solicitado información detallada sobre los contratos que la empresa propiedad de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, haya mantenido con el Estado.
Por su parte, Manuel Adorni ha rechazado en sus apariciones públicas haber cometido cualquier tipo de irregularidad, asegurando que posee la capacidad de justificar el dinero destinado a la adquisición de los inmuebles y a las reformas realizadas en sus propiedades.
