La Justicia federal ha desestimado formalmente la denuncia impulsada por el Gobierno nacional contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, integrantes del canal TN. La acción judicial había sido iniciada tras la producción y emisión de un informe televisivo grabado en los pasillos de la Casa Rosada, material que la administración oficial había denunciado como un presunto caso de espionaje.
El fiscal federal Gerardo Pollicita fue el encargado de analizar la causa y concluyó que no existió la comisión de ningún delito penal en la producción audiovisual emitida en el programa “¿Y mañana qué?”. En su dictamen, el magistrado rechazó los argumentos presentados por la Casa Militar de la sede presidencial, poniendo fin, al menos en esta instancia judicial, a una serie de tensiones legales entre el Poder Ejecutivo y el sector periodístico.
Este caso se había convertido en el centro de una fuerte escalada de conflicto entre el Gobierno y diversos medios de comunicación. Como consecuencia de este episodio, la administración nacional había suspendido durante varios días el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y había implementado restricciones específicas contra trabajadores de los medios TN y El Trece.
La controversia tuvo su origen en un informe televisivo realizado mediante el uso de lentes especiales dentro de los pasillos del edificio gubernamental. Desde el oficialismo, se sostuvo que dicha grabación se había llevado a cabo sin la debida autorización y que el contenido podía comprometer aspectos sensibles relacionados con la seguridad del presidente de la Nación.
La denuncia formal fue presentada por Sebastián Ignacio Ibáñez y apuntaba a presuntos delitos vinculados con la revelación de secretos relacionados con la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores de la Argentina. En ese sentido, el Gobierno argumentó que la difusión de imágenes de sectores internos de la Casa Rosada resultaba especialmente delicada, dado el contexto internacional actual, marcado por tensiones entre Irán y países aliados de Argentina, como Estados Unidos e Israel.
Sin embargo, el fiscal Pollicita descartó esta hipótesis luego de analizar minuciosamente el contenido completo del material audiovisual aportado a la causa. En su dictamen, el fiscal fue claro al diferenciar la falta administrativa del delito penal. Pollicita sostuvo que, más allá de la modalidad clandestina empleada para las grabaciones, de la falta de autorización para llevar adelante la actividad y de la consecuente sanción administrativa que ello acarreó, el contenido difundido no posee la entidad requerida para encuadrar en los tipos penales denunciados.
Según explicó el fiscal, las imágenes difundidas mostraban únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público, sin que ello afectara el funcionamiento institucional ni pusiera en riesgo la seguridad nacional. Pollicita describió que en las imágenes se advierten pasillos y espacios vacíos, con la presencia ocasional de algunas personas que circulan por el lugar o se encuentran allí detenidas.
Uno de los puntos más determinantes del dictamen fue la observación sobre el carácter público de gran parte de los sectores exhibidos en el informe. El fiscal recordó que muchos de esos espacios internos ya se encuentran disponibles para el público general a través de herramientas digitales de acceso masivo, como Google Maps. Asimismo, señaló que dichos espacios son visibles en recorridos virtuales publicados en la propia página web oficial de la Casa Rosada y en plataformas como YouTube.
Debido a estos elementos, el fiscal concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener una relevancia jurídico-penal en el caso. El conflicto había alcanzado un nivel de agresividad notable, habiendo derivado en insultos públicos por parte del presidente Javier Milei hacia el periodismo. El mandatario calificó a los involucrados como "delincuentes" y se refirió a quienes defendieran su accionar como "basuras repugnantes" y "basuras inmundas", expresando su deseo de que el caso llegara a los máximos responsables.
