La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) ha emitido una exigencia formal para que se proceda con la pronta ejecución de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, identificada bajo el Decreto 29-2024. A través de una denuncia pública, la organización ha puesto de manifiesto la existencia de múltiples incumplimientos administrativos y financieros que, según advierte, están frenando significativamente el avance de carreteras que son consideradas clave para el desarrollo y la conectividad del país.
Jorge Benavides, quien se desempeña como investigador asociado de Fundesa, fue el encargado de detallar los puntos críticos donde se han presentado los retrasos en la aplicación de esta normativa. Uno de los obstáculos más evidentes es la ausencia del reglamento general, el cual se encuentra pendiente de emisión por parte del Ministerio de Comunicaciones desde noviembre de 2025. Esta omisión administrativa impide que la ley tenga un marco operativo claro, dejando en el aire la implementación de las medidas previstas en el decreto.
A este problema normativo se suma la falta de gestión financiera. Benavides señaló que el Ministerio de Finanzas Públicas no ha realizado la asignación de los fondos necesarios para el Fondo de Infraestructura Vial Prioritaria. Sin el respaldo económico adecuado, cualquier plan de ejecución se vuelve inviable, ya que no existen los recursos asignados para iniciar las obras de infraestructura que el país requiere con urgencia.
Otro punto neurálgico mencionado por Fundesa es la inexistencia de un diagnóstico técnico de la red vial prioritaria. La falta de este estudio previo es un impedimento directo para que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) pueda comenzar a operar. Sin un mapa claro de las necesidades y prioridades, la DIPP se encuentra en un estado de parálisis operativa, a pesar de ser la entidad designada para coordinar estos esfuerzos.
Uno de los aspectos más polémicos de la denuncia se centra en el manejo de los recursos financieros. De acuerdo con la información proporcionada por la organización, un monto de Q176 millones, que originalmente estaban asignados para los fines de la ley, fueron redirigidos de manera temporal. Esta transferencia de fondos se realizó hacia Covial y el Fondo Social de Solidaridad, basándose en el Acuerdo 320-2026. Fundesa es enfática al señalar que esta acción constituye una violación directa a la exclusividad de los fondos, los cuales deben destinarse estrictamente a proyectos prioritarios de infraestructura vial.
Al respecto, Jorge Benavides fue claro al afirmar que, a pesar de que existan plazos retrasados, no es posible ser indulgente en la aplicación de la ley, sugiriendo que la rigurosidad en el cumplimiento de la normativa es fundamental para evitar el mal uso de los recursos públicos.
En cuanto a la estructura organizativa, se detalló que el directorio de la DIPP está presidido por el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. Este órgano también está integrado por los titulares del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, representantes del Colegio de Ingenieros y de Cutrigua. No obstante, la organización advierte que, aunque ya se ha designado a Claudia Lucrecia Cáceres como gerente, el directorio aún no opera plenamente, lo que prolonga la inactividad de la entidad.
Fundesa insiste en la urgencia de activar esquemas de colaboración público-privada. El objetivo es implementar instrumentos de contratación rápida que permitan agilizar las obras y evitar la burocracia que ha caracterizado la gestión vial. La meta final es posicionar a Guatemala como un líder regional en materia de infraestructura, priorizando la ejecución de 18 proyectos específicos destinados a la ampliación y el mantenimiento de rutas que conectan con Centroamérica.
Finalmente, diversos expertos han lanzado una advertencia sobre las consecuencias de estos retrasos. Señalan que la falta de ejecución de la ley y la inacción en la red vial amenazan directamente el transporte de personas y el traslado de mercancías. Dado que la movilidad es un pilar fundamental para el comercio, estos obstáculos representan un riesgo real para la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.
