En un giro conflictivo que pone el foco sobre la gestión de los servicios sanitarios y la administración de extranjerías en la Comunidad Valenciana, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianas, José Muñoz, junto a la secretaria de Migraciones del partido, Yaissel Sánchez, han presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía. El motivo de esta acción judicial es una circular emitida por la Conselleria de Sanidad y remitida a diversos centros sanitarios, la cual, según el criterio de los representantes socialistas, constituye un boicot directo al proceso de regularización de personas migrantes que ha sido puesto en marcha por el Gobierno de España. Esta situación ha generado una fuerte tensión política, ya que el grupo parlamentario socialista considera que se está obstaculizando la integración legal de un colectivo vulnerable mediante barreras administrativas injustificadas.
El punto central de la controversia reside en el contenido específico de dicha instrucción administrativa. La circular, que fue firmada por Carlos Momparler, quien desempeña el cargo de director general de Atención Primaria, informaba explícitamente a los centros de salud que ciertos documentos emitidos a través de los sistemas de información sanitaria de la Conselleria no poseerían validez legal para los fines de la regularización migratoria. Específicamente, el documento menciona que ni el certificado de alta en el Sistema de Información Primaria (SIP) ni el registro de asistencias sanitarias pueden ser utilizados como justificantes válidos en este proceso administrativo. Para los solicitantes de la regularización, estos documentos son fundamentales para acreditar su presencia y el uso de servicios públicos en el territorio nacional, siendo una de las pruebas habituales para demostrar el arraigo.
Para José Muñoz y Yaissel Sánchez, esta directriz no es un simple error de interpretación administrativa, sino una acción deliberada y coordinada. Los diputados han calificado el contenido de la circular como falso, argumentando que tales documentos sí deben tener validez y que su descalificación representa una vulneración flagrante de la normativa vigente y de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Esta situación ha llevado a los representantes del PSPV-PSOE a utilizar un término contundente en sus declaraciones: han acusado a la dirección de la Conselleria de Sanidad de incurrir en un racismo institucional, sugiriendo que existe una voluntad política de dificultar los trámites legales de regularización basándose en el origen o la condición de los usuarios del sistema sanitario.
En la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, los socialistas no solo solicitan la anulación de los efectos de la circular, sino que piden que se identifique formalmente a los autores responsables de su redacción y emisión. El objetivo es que la Fiscalía analice minuciosamente si el contenido y la intención de la instrucción pueden ser constitutivos de delitos graves. Entre los posibles tipos penales que solicitan investigar se encuentran la falsedad, el odio y la prevaricación. La prevaricación, en particular, se referiría a la posibilidad de que un funcionario público haya dictado una resolución administrativa a sabiendas de su injusticia o ilegalidad, afectando los derechos de terceros. Asimismo, la mención al delito de odio refleja la gravedad con la que el PSPV-PSOE percibe el impacto de esta circular sobre la población migrante.
Más allá de la vía judicial, el conflicto ha escalado rápidamente al terreno político en Les Corts. El síndic Muñoz y la secretaria Sánchez han sido tajantes al reclamar el cese inmediato de toda la cúpula de la Conselleria de Sanidad. Según los denunciantes, la gravedad de haber emitido una instrucción que obstaculiza el acceso a la regularización administrativa de personas en situación irregular hace insostenible la permanencia de los cargos directivos en sus puestos. Sostienen que no se puede permitir que la administración regional actúe en contra de los procesos de regularización impulsados por el Estado.
Esta acción judicial pone de relieve la tensión existente entre la administración regional y las directrices del Gobierno central en materia de migración. Mientras que el Gobierno ha iniciado un proceso para regularizar la situación de miles de personas, la circular de la Conselleria de Sanidad es vista por el PSPV-PSOE como un muro burocrático diseñado para impedir que los migrantes puedan acreditar su estancia a través de la asistencia sanitaria recibida. La resolución de la Fiscalía será clave para determinar si existe una base legal para la circular de Carlos Momparler o si, efectivamente, se trata de una instrucción irregular que vulnera los derechos de una población vulnerable.
