La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado oficial en el que informa que el subsecretario de la dependencia, César Yáñez, estableció comunicación con líderes de los grupos en conflicto en la zona de Chilapa, Guerrero. El objetivo de este contacto, según el documento membretado, fue hacer énfasis en la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región, solicitando que las disputas y los bloqueos terminen de manera pacífica. Esta acción permitiría el ingreso de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden y facilitar la atención y el retiro de personas heridas en la zona.
El comunicado detalla que, por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al lugar acudirían la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, planteamiento con el cual los líderes habrían estado de acuerdo. Esta estrategia de diálogo ocurre en un contexto de extrema violencia, luego de que el grupo criminal Los Ardillos desatara una serie de ataques con drones cargados de explosivos y jornadas de violencia contra comunidades de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán. Estos hechos provocaron el desplazamiento forzado de familias enteras, con el propósito de expulsar de la zona a los integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
Mientras el gobierno reporta acuerdos, en las comunidades atacadas predominaba el terror debido a explosiones, balaceras y la quema de viviendas. Durante el pasado fin de semana, circularon videos de niños y mujeres que imploraban ayuda, denunciando el abandono por parte del Ejército mexicano y la Guardia Nacional. Estos ataques forman parte de una estrategia de Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos, para asegurar el control de la Montaña de Guerrero y desterrar al Consejo Indígena, el cual, aliado con grupos como Los Tlacos, obstaculiza actividades criminales como la extorsión, el cobro de piso, la imposición de cuotas y el tráfico de enervantes desde la sierra.
La violencia en la región ha dejado un rastro de muertos, desaparecidos y cuerpos descuartizados. Recientemente se reportó el hallazgo de diez costales con restos humanos, una firma característica de las acciones de Ortega Jiménez. Ante esto, la presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, justificaron que el Ejército no repelió a Los Ardillos para evitar una confrontación directa, asegurando que se priorizó la protección de la población. Sin embargo, esta postura dejó a los habitantes bajo el control de Ortega Jiménez, el mismo criminal responsable de la decapitación y mutilación del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y de la creación de numerosas fosas clandestinas en el estado.
Celso Ortega ha mantenido su impunidad durante más de 20 años, sobreviviendo a cinco administraciones gubernamentales. Su poder se ha consolidado bajo el amparo de su hermano, Bernardo Ortega, actual diputado y exalcalde de Quechultenango, quien fuera expresidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado y del PRD en Guerrero. Asimismo, su cuñada desempeña actualmente el cargo de alcaldesa de Quechultenango. El imperio de terror de Ortega se ha basado en la corrupción de la clase política y la intimidación.
Existen antecedentes de acercamientos políticos con el grupo criminal. En 2017, durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador visitó Quechultenango y ofreció amnistía a los jefes del crimen organizado para pacificar el país, planteando analizar si dicha medida alcanzaría a los líderes de los cárteles. Por otro lado, figuras religiosas como el obispo emérito Salvador Rangel defendieron a Ortega, afirmando que él había promovido el desarrollo de la zona más que el propio gobierno. Otro sacerdote, Antonio Salgado, intentó mediar entre Ortega y la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Cuando Hernández se negó a reunirse nuevamente con el criminal, Ortega respondió dejando cinco cabezas humanas en el centro de Chilpancingo.
El alcance del poder de Los Ardillos fue denunciado por el padre Filiberto Velázquez, quien señaló que el grupo manejaba negocios ilícitos que abarcaban desde la distribución de carne de res, puerco, pollo, refrescos y cerveza, hasta el control de bares, centros nocturnos y el transporte público. Velázquez afirmó que Ortega incluso sugería la designación de los secretarios de Seguridad Pública, razón por la cual el sacerdote tuvo que huir del estado ante amenazas de muerte.
En la actualidad, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por una mesa de diálogo con un criminal que las autoridades no han podido capturar en décadas, en lugar de emitir una orden de aprehensión. Este giro ocurre simultáneamente a las advertencias internacionales, específicamente la del secretario de Guerra del gobierno de Donald Trump, Pete Hegseth, quien instó al gobierno de México a intervenir contra los cárteles para evitar que Estados Unidos tenga que hacerlo.
