El presidente Donald Trump ha manifestado a través de sus redes sociales y en diversas entrevistas su interés en modificar la identidad visual y nominal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La propuesta consiste en renombrar la agencia como National Immigration and Customs Enforcement, lo que generaría el acrónimo NICE, término que en inglés se traduce como lindo o agradable. Esta iniciativa busca, fundamentalmente, un cambio de imagen para la institución encargada de la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.
El origen de esta idea parece residir en la dinámica de las redes sociales más que en una planificación administrativa formal. A finales de abril, el mandatario compartió en su plataforma Truth Social una captura de pantalla proveniente de la red social X, donde un usuario sugería el cambio de nombre con el objetivo de que los medios de comunicación se vieran obligados a referirse a los agentes como agentes NICE durante sus transmisiones y reportajes. Trump respondió a esta sugerencia calificándola como una gran idea y ordenando que se llevara a cabo.
A raíz de este impulso presidencial, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo que supervisa a ICE, han difundido memes en sus cuentas oficiales respaldando la propuesta. Mientras estas publicaciones ganaban tracción digital, fuentes familiarizadas con el asunto indican que algunos funcionarios de ICE comenzaron a evaluar las implicaciones prácticas de tal cambio. Las evaluaciones preliminares incluirían la modificación de toda la papelería oficial, así como la actualización de los chalecos y uniformes de los agentes.
Sin embargo, la propuesta no ha sido recibida con entusiasmo en todos los niveles. El propio presidente Trump ha admitido la existencia de resistencia entre los agentes de base y por parte de Tom Homan, el llamado zar de la frontera de la Casa Blanca. En una entrevista concedida al programa Sid and Friends in the Morning de WABC, el presidente señaló que no estaba seguro de que a los agentes les gustara la idea, reconociendo que el personal valora su imagen de fortaleza y que han desempeñado un trabajo sólido bajo la denominación actual. Por su parte, un portavoz del DHS subrayó que los miembros de ICE continúan arriesgando sus vidas en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.
Este intento de rebranding ocurre en un contexto de alta visibilidad y cuestionamiento público para la agencia. Durante el segundo mandato de Trump, ICE ha sido una de las entidades federales más observadas debido a la implementación de operativos de arrestos migratorios que han generado controversia. La percepción pública se ha visto afectada por incidentes críticos, como el tiroteo ocurrido en enero en Minneapolis, donde una ciudadana estadounidense, Renee Good, murió a manos de un agente de la agencia. Según encuestas de opinión pública, poco más de la mitad de los estadounidenses consideran que las acciones de ICE están haciendo que las ciudades del país sean menos seguras.
Ante estas críticas, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional quien asumió el cargo en marzo, ha defendido la necesidad de adoptar un enfoque más discreto en la aplicación de las leyes, aunque ha aclarado que esto no implica una reducción en la agresividad de las operaciones ni una desaceleración en la persecución de los inmigrantes indocumentados.
Desde el punto de vista legal, el cambio de nombre de ICE no puede realizarse mediante un simple decreto presidencial. La agencia fue establecida mediante la Ley de Seguridad Nacional de 2002, legislada tras los atentados del 11 de septiembre, lo que significa que cualquier modificación en su denominación oficial requiere la aprobación y acción legislativa del Congreso.
No obstante, la administración ha demostrado una tendencia a ignorar estas restricciones técnicas en el pasado. En septiembre, Trump firmó un decreto para renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, recuperando la nomenclatura utilizada desde la Revolución Estadounidense hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese cambio de marca fue estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en un costo de hasta 125 millones de dólares. Aunque no se ha determinado el costo exacto para ICE, un cambio similar implicaría modificar membretes, correos electrónicos, fachadas de edificios, insignias, parches y las calcomanías de los vehículos oficiales.
Además, aliados del presidente han impulsado la inclusión del nombre de Trump en instituciones como el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y el Instituto de la Paz de Estados Unidos, a pesar de las dudas sobre la legalidad de hacer esto sin consentimiento del Congreso. Finalmente, la Casa Blanca ha mostrado una postura confrontativa hacia quienes no utilizan los nombres preferidos por el presidente, como sucedió con el decreto que redesignó el golfo de México como golfo de América, lo que derivó en un litigio legal con The Associated Press tras restricciones en la cobertura de eventos presidenciales.
