En la ciudad de Tegucigalpa, se han llevado a cabo una serie de reuniones estratégicas entre diputados del Congreso Nacional y diversos representantes de los sectores financiero y empresarial del país. El objetivo central de estos encuentros ha sido la socialización de un proyecto normativo denominado Ley de Transparencia y Registro de Beneficiario Final, una iniciativa legislativa que busca modernizar el marco legal hondureño en materia de fiscalización y control financiero.
Esta normativa no surge de manera aislada, sino que responde a una planificación orientada hacia una futura evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido globalmente como GAFI. Asimismo, la implementación de esta ley es el resultado de acuerdos previamente establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que ha impulsado la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia en la región para combatir delitos financieros complejos.
El diputado liberal Rumy Bueso, quien es integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, fue el encargado de informar sobre el desarrollo de estas sesiones de trabajo. Según detalló el legislador, en el proceso de socialización han participado figuras clave de la economía nacional, incluyendo a dirigentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), así como representantes de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). La concurrencia de estos organismos busca asegurar que la ley sea viable desde la perspectiva técnica, regulatoria y empresarial.
El propósito fundamental de la Ley de Transparencia y Registro de Beneficiario Final es robustecer los instrumentos legales para identificar con precisión a los verdaderos propietarios de las sociedades, los fideicomisos y otras estructuras jurídicas que operan en el territorio nacional. El objetivo es evitar que estas figuras legales sean utilizadas como fachadas para ocultar la identidad de quienes realmente controlan los activos.
Al respecto, el diputado Bueso explicó que, una vez aprobada y vigente, la ley otorgará al Estado, al Ministerio Público y a la Policía Nacional la potestad de acceder a la información sobre los beneficiarios finales. No obstante, el congresista fue enfático al señalar que este acceso a la información no será indiscriminado, sino que se aplicará lógicamente en casos únicos y específicos. La finalidad de esta facultad es permitir que las autoridades verifiquen si dichas estructuras jurídicas están siendo empleadas para actividades delictivas, específicamente en temas relacionados con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.
En términos de su estructura técnica, la propuesta legislativa consta de un total de 35 artículos. El proyecto se encuentra actualmente en una etapa de socialización, lo que significa que el texto sigue siendo revisado y discutido con los sectores involucrados para ajustar los detalles operativos antes de pasar a la fase de votación en el pleno del Congreso.
Durante estas mesas de diálogo, el sector privado ha planteado preocupaciones legítimas sobre la seguridad de los datos. Uno de los puntos principales discutidos ha sido la necesidad de garantizar una protección rigurosa de la información recopilada. Los representantes empresariales y financieros han solicitado que se implementen salvaguardas estrictas para evitar riesgos relacionados con la extorsión o el uso indebido de datos sensibles que podrían quedar expuestos en un registro de este tipo.
Finalmente, el diputado por el departamento de Intibucá estimó que el proceso de discusión y la posterior aprobación de esta ley estarían previstos para concretarse antes de diciembre de 2027. Este cronograma es fundamental, ya que el plazo establecido no solo contempla la Ley de Transparencia y Registro de Beneficiario Final, sino que también incluye la aprobación obligatoria de reformas sustanciales al Código Tributario y al Código de Comercio, completando así el paquete de ajustes legales requeridos para cumplir con los estándares internacionales de transparencia y seguridad financiera.
