En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Policía de la Provincia, la atmósfera festiva se ha visto opacada por una cruda realidad laboral y económica que afecta a un sector significativo de la institución. El Suboficial Mayor retirado Alfredo Gatti ha alzado la voz para visibilizar la crítica situación que atraviesan los policías territoriales, quienes se encuentran en un estado de vulnerabilidad extrema tras haber cumplido once meses sin percibir sus haberes correspondientes. Esta situación ha generado un clima de tensión y malestar que contrasta drásticamente con los actos oficiales de conmemoración.
Gatti, quien posee una trayectoria reconocida dentro de la fuerza, manifestó que resulta profundamente contradictorio que se lleven a cabo homenajes para celebrar la creación de la policía del territorio mientras, simultáneamente, los efectivos activos son ignorados por el Estado. El Suboficial Mayor fue tajante al señalar que los últimos 540 agentes territoriales están siendo tratados como material de descarte, una expresión que resume el sentimiento de abandono y desvalorización que impera entre quienes dedicaron su vida al servicio de la seguridad pública. Según el referente, no existe una solución concreta en el corto plazo, lo que profundiza la angustia de cientos de familias que dependen de esos salarios para su subsistencia diaria.
La denuncia de Gatti no se limita únicamente a la falta de pago, sino que escala hacia una cuestión de derechos fundamentales y dignidad humana. El exsuboficial expresó que los agentes están siendo tratados como ciudadanos de segunda y tercera categoría, una distinción que, según sus palabras, se manifiesta claramente en el ámbito de la Justicia. Gatti hizo hincapié en que han existido casos similares donde la justicia ha respaldado la presentación de recursos de amparo para garantizar el cobro de salarios, pero que, en el caso particular de estos policías territoriales, esa posibilidad parece haberse cerrado o cortado.
Desde la perspectiva del reclamante, esta situación no es producto de un error administrativo azaroso, sino que parece responder a una estrategia deliberada. Gatti afirmó que pareciera que todo está orquestado para evitar que se respeten los derechos adquiridos de los agentes. En este sentido, denunció que se están violando sistemáticamente leyes provinciales, convenios establecidos entre la Nación y la Provincia, así como las disposiciones contenidas en las constituciones tanto nacionales como provinciales. El incumplimiento de este marco normativo sitúa al Estado en una posición de fragilidad legal frente a los reclamos de los trabajadores.
Paralelamente, la tensión ha aumentado ante la proximidad del acto conmemorativo programado para llevarse a cabo en la ciudad de Río Grande. En los últimos días han circulado rumores sobre un posible refuerzo de las medidas de seguridad durante la ceremonia, lo que ha sido interpretado por los afectados como una señal de desconfianza o temor por parte de las autoridades. Al respecto, Alfredo Gatti aclaró que, a lo largo de los once meses de reclamos constantes, el grupo de policías territoriales nunca ha adoptado posturas conflictivas. Por el contrario, subrayó que siempre han respetado estrictamente los protocolos establecidos para llevar adelante sus manifestaciones y peticiones.
Para Gatti, la preocupación de las autoridades por reforzar la seguridad en el acto de Río Grande no tiene un fundamento basado en la conducta de los policías, sino que es el reflejo de una carencia de voluntad política. El Suboficial Mayor sostuvo que la verdadera preocupación del gobierno debería centrarse en la resolución del conflicto y no en el despliegue de fuerzas para contener a quienes solo piden el pago de sus salarios. La falta de voluntad para llegar a un buen fin y resolver la disputa salarial es, según el referente, el núcleo del problema que mantiene el conflicto activo y sin salida aparente.
En conclusión, mientras la institución celebra sus orígenes y su estructura, el sector territorial se enfrenta a un vacío legal y económico que pone en duda el respeto por la ley y la jerarquía constitucional. La situación de los 540 agentes sigue siendo crítica, marcando un aniversario donde el reconocimiento oficial choca frontalmente con la precariedad material de quienes integran la fuerza.
