En la ciudad bonaerense de Bragado, una situación de profunda indignación ha conmocionado a la comunidad educativa y a decenas de familias. Una preceptora de la Escuela Técnica N°1, identificada por sus iniciales S.S.F., ha sido denunciada penalmente tras ser señalada como la responsable de haberse apropiado de una suma millonaria destinada a un viaje educativo. El monto total del dinero faltante, según las estimaciones iniciales, rondaría los 50 mil dólares, una cifra que representa el esfuerzo económico y emocional de los alumnos y sus padres.
La causa, que ya se encuentra bajo investigación en el Departamento Judicial de Mercedes, debido a que Bragado pertenece a dicha jurisdicción, ha sido encuadrada preliminarmente bajo la figura de presunta estafa agravada. Esta calificación legal refleja la gravedad de los hechos denunciados por 38 particulares damnificados, quienes confiaron los ahorros de sus hijos en manos de la docente.
Los afectados pertenecen a la denominada Promo 2025. Los estudiantes de sexto año habían planificado un viaje educativo con destino a la localidad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Para hacer realidad este proyecto, las familias y los alumnos venían organizando la recaudación de fondos desde hacía más de un año. El proceso de ahorro fue exhaustivo y constante, basándose en un sistema de cuotas mensuales, la organización de rifas, la venta de comida y diversas actividades complementarias de recaudación coordinadas por los propios interesados.
Un detalle fundamental en este caso es la modalidad en la que se organizaba la salida. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las promociones escolares actuales, que suelen contratar empresas turísticas especializadas, este grupo había optado por una gestión autogestionada. Se trataba de una modalidad educativa coordinada internamente desde la institución, con la participación activa de docentes, padres y alumnos, lo que implicaba un nivel de confianza mucho más elevado en quien administraba los fondos. En este esquema, la preceptora S.S.F. era la persona encargada de recaudar y administrar todo el dinero reunido.
Las primeras señales de alerta aparecieron cuando el viaje, que estaba previsto inicialmente para concretarse entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, no se llevó a cabo. Ante la inquietud de las familias, la preceptora informó que el motivo de la demora era una supuesta reprogramación del vuelo por parte de la aerolínea. En aquel momento, los padres aceptaron la explicación, confiando en la palabra de la funcionaria escolar.
Sin embargo, la incertidumbre persistió después del receso de verano. En esa instancia, se les comunicó que la nueva fecha de salida sería en el mes de abril. A medida que se acercaba la fecha prometida, las sucesivas demoras y la ausencia de confirmaciones concretas, como pasajes o reservas hoteleras, comenzaron a despertar fuertes sospechas entre los progenitores. La situación alcanzó un punto crítico cuando la preceptora dejó de responder los mensajes de WhatsApp y desapareció por completo de cualquier canal de contacto con las familias.
Ante el silencio absoluto, un grupo de alumnos y padres decidió trasladarse hasta el domicilio de la mujer para exigir respuestas inmediatas. Según el relato de los denunciantes, fue en ese encuentro donde la preceptora habría reconocido que había utilizado el dinero reunido para el viaje en fines personales. Hasta el momento, no se ha trascendido oficialmente cuál fue el destino final de los fondos ni en qué habrían sido gastados específicamente.
El abogado penalista Federico Etchehun, representante legal de las familias afectadas, ha impulsado la denuncia penal aportando un conjunto sólido de pruebas. En la presentación judicial se incorporaron comprobantes de transferencias bancarias realizadas por los padres, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, fotografías de las diversas actividades de recaudación y los testimonios directos de los alumnos y sus familiares.
Mientras la Justicia de Mercedes avanza en la investigación para determinar la responsabilidad penal de la acusada, las familias damnificadas se encuentran en una situación angustiante. El objetivo primordial es recuperar, al menos parcialmente, el dinero perdido para intentar encontrar una alternativa que permita a los jóvenes de la Promo 2025 concretar el viaje educativo que tanto tiempo anhelaron.
