La comunidad educativa de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, ubicada en Santiago, se encuentra sumida en un estado de profunda incertidumbre y conflicto tras una serie de decisiones administrativas que han provocado la paralización de las actividades académicas. El pasado lunes, el Consejo de Profesores de la institución tomó la determinación de declararse en sesión permanente y suspender la impartición de clases. Esta medida drástica surge como una respuesta directa a la falta de claridad por parte de las autoridades educativas respecto a los planes de la supervisión escolar, quienes pretenden ejecutar un recorte de cinco grupos de estudiantes en el bachillerato pedagógico bilingüe.
La preocupación de los docentes se intensifica al considerar que este centro educativo es reconocido como la única institución dedicada específicamente a la formación de los futuros educadores del país, lo que otorga una relevancia crítica a cualquier modificación en su estructura académica. Además del recorte de grupos, la crisis se ve alimentada por la situación de diversos docentes que habían sido reubicados sin una carga horaria asignada. A pesar de no tener funciones lectivas activas, estos profesionales continúan percibiendo su salario, y según la información disponible, existe la intención de integrarlos en una nueva organización administrativa del plantel.
A este escenario de inestabilidad académica se suma un detonante administrativo de gran impacto: la desvinculación de la profesora Yamileth Urriola de Hernández de su cargo como directora encargada, notificación que fue recibida el pasado viernes. La salida de la docente ha provocado una reacción inmediata y coordinada entre el profesorado, el alumnado y los padres de familia, quienes han manifestado su malestar por la opacidad del proceso. La comunidad educativa cuestiona la forma en que se llevó a cabo la remoción de la educadora que se encontraba al frente de la gestión institucional.
Por su parte, la profesora Yamileth Urriola ha roto el silencio sobre su situación laboral. La docente aclaró que, si bien reconoce que su nombramiento fue de carácter temporal, basado en el Decreto 257 del Ministerio de Educación y que, por ende, es susceptible de ser removida, no acepta que el proceso se realice sin una justificación clara. Urriola denunció que hasta el momento no se le han explicado los motivos específicos de su destitución ni se le ha informado sobre la existencia de algún proceso judicial o administrativo en su contra, subrayando que se le ha negado la oportunidad de presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa.
En contraste, la profesora María Pimentel, directora regional del Ministerio de Educación en la provincia de Veraguas, sostuvo que el cargo de directora encargada bajo el marco del Decreto 257 depende estrictamente de las decisiones de la ministra de Educación, quien posee la facultad legal de solicitar el reemplazo de quien ocupe dicha posición. Aunque Pimentel sugirió que podrían existir observaciones relacionadas con la organización escolar y temas administrativos, la profesora Urriola ha enfatizado que tales presuntas irregularidades nunca le fueron notificadas formalmente.
La controversia ha tomado un giro más grave con las declaraciones de docentes que, solicitando el anonimato, sugieren que la destitución es una represalia. Según estos testimonios, la profesora Urriola había iniciado una serie de acciones orientadas a corregir irregularidades administrativas y combatir focos de corrupción que presuntamente existían en la Normal de Santiago desde administraciones anteriores. Los educadores sostienen que la directora intentó poner orden en la institución y que, como consecuencia, se estarían fabricando procesos en su contra.
En este contexto, la profesora Urriola ha manifestado su disposición de comparecer ante las autoridades competentes para revelar las anomalías detectadas durante su gestión. La docente informó sobre la realización de dos auditorías que abarcan el periodo entre 2019 y 2024. Aunque Urriola señaló que estas auditorías no estaban bajo su responsabilidad directa, afirmó poseer copias de hallazgos documentales que indican que algunos archivos institucionales fueron presuntamente quemados con el objetivo de eliminar evidencias que ahora deben ser investigadas por las autoridades.
Hasta la fecha, el Ministerio de Educación no ha emitido ningún pronunciamiento oficial que aclare las razones del reemplazo de la directora ni que brinde una solución a la suspensión de clases. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece a la expectativa, y el Consejo de Profesores mantiene su sesión permanente para evaluar las acciones a seguir en defensa de la institución.
