Manuel Jiménez Steller ha dejado formalmente su cargo como viceministro en el Ministerio de Seguridad Pública. Esta noticia fue confirmada por el fiscal general, Carlo Díaz, quien informó que el funcionario regresará a su plaza original como fiscal adjunto de Puntarenas. El movimiento marca el fin de una gestión que estuvo marcada por decisiones operativas polémicas y el peso de un proceso judicial que continúa activo en su contra.
Durante su tiempo en el Ministerio de Seguridad, Jiménez Steller tomó una serie de medidas que generaron fuertes cuestionamientos entre diversos sectores. Una de las decisiones más controvertidas fue la orden de retirar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puertos y las fronteras del país. Esta acción fue duramente criticada por expertos en materia de seguridad, entre ellos el exministro Gustavo Mata, quien calificó el movimiento de las fuerzas policiales como un "desacierto total". Asimismo, exdiputados que formaron parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico coincidieron en que retirar a la PCD de puntos estratégicos de control debilitaba la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas.
Sin embargo, las decisiones operativas de Jiménez Steller no se limitaron a la PCD. El viceministro también ordenó el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake, ubicada en la Zona Sur, y dispuso el traslado de la estación de Sixaola hacia el cantón central de Limón. Estas reestructuraciones geográficas de los cuerpos de seguridad fueron vistas como movimientos problemáticos que afectaban la vigilancia en zonas críticas para el combate al crimen organizado.
Mientras retoma sus funciones como fiscal adjunto, Jiménez Steller deberá enfrentar la causa penal que pesa sobre él por el presunto delito de procuración de impunidad. Este proceso legal se originó a raíz de un sobreseimiento que el funcionario firmó en favor de varios integrantes de una organización criminal. Dicha organización estaba vinculada al decomiso de 2,5 toneladas de cocaína.
Los hechos que dieron origen a esta situación se remontan a diciembre del año 2020, cuando seis hombres fueron detenidos tras el hallazgo de las mencionadas 2,5 toneladas de cocaína. En aquel momento, la Fiscalía de Limón había solicitado un año de prisión preventiva para los sospechosos, mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes por el delito de tráfico internacional de drogas. No obstante, una vez cumplido el plazo de un año, los detenidos quedaron en libertad.
Dos meses después de este hecho, Manuel Jiménez Steller, quien para entonces se desempeñaba como fiscal adjunto de Limón, procedió a firmar una solicitud de sobreseimiento a favor de todos los implicados. La justificación para esta medida fue la alegada falta de pruebas suficientes para llevar a los sospechosos a un juicio oral y público.
Esta decisión no quedó firme. Tras una enmienda jerárquica, se determinó que sí existían elementos probatorios suficientes para continuar con el proceso. Como resultado, se ordenó el traslado del caso a la Fiscalía de Delincuencia Organizada para una revisión exhaustiva del expediente. Apenas una semana después de que se hubiera firmado el sobreseimiento inicial, el caso fue reactivado, avanzando en las etapas procesales hasta que, en el año 2025, se ordenó el inicio del juicio.
Ante estas acusaciones, Jiménez Steller emitió un comunicado el 7 de agosto de 2025 en el cual defendió su proceder. En el documento, señaló que su decisión de sobreseer el caso se basó en un "análisis exhaustivo" de los elementos presentes en el expediente y sostuvo que no existía forma de establecer vínculos claros entre los detenidos y los hechos investigados. Afirmó además que el sobreseimiento fue el resultado de un proceso de investigación profesional, transparente y exhaustivo, punto que, según sus palabras, fue ratificado por el voto de la Inspección Judicial en sede administrativa.
En relación con el avance actual de la causa penal por procuración de impunidad, el medio CR Hoy realizó consultas a la oficina de prensa del Ministerio Público y a la Inspección Judicial. Sin embargo, hasta el cierre de la edición, ninguna de las dos entidades brindó una respuesta sobre el estado actual del proceso contra el funcionario que ahora regresa a la Fiscalía de Puntarenas.
