La presidenta de la República, Laura Fernández, ha retomado el debate sobre una de las propuestas más controvertidas surgidas durante su periodo de campaña: la suspensión de garantías individuales en sectores específicos del país que se encuentren afectados por la operación del crimen organizado. Esta declaración fue realizada el pasado lunes 11 de mayo durante su participación en el programa Nuestra Voz, conducido por la periodista Amelia Rueda.
Durante la entrevista, la mandataria fue enfática al señalar que recurriría a esta herramienta excepcional en el evento de que Costa Rica experimente una escalada de violencia vinculada al narcotráfico que supere los niveles actuales. Fernández justificó su postura argumentando que actuar preventivamente es una medida de responsabilidad gubernamental. En sus palabras, la intención es evitar que el país transite hacia escenarios de crisis similares a los vividos en El Salvador, México o la situación que atravesó Colombia en el pasado.
Es fundamental precisar que, según el marco legal costarricense, la presidenta no posee la facultad unilateral para suspender los derechos constitucionales de los ciudadanos. Dicha potestad recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa. Ante esto, la mandataria aclaró que su plan consistiría en solicitar formalmente la autorización al Congreso para aplicar esta medida en barrios o distritos específicos que hayan sido identificados mediante inteligencia policial como focos operativos de bandas criminales.
Fernández detalló que su propuesta se basaría en la georreferenciación. De ser necesario, presentaría ante los diputados la ubicación exacta de los puntos donde operan los grupos delictivos, mencionando específicamente barrios en provincias como Limón, Puntarenas y Cartago. El objetivo primordial de estas intervenciones sería facilitar operativos policiales para lograr la captura de delincuentes y asegurar su prisión preventiva. La presidenta comparó esta posible estrategia con medidas tomadas recientemente en otros países, citando el ejemplo de Ecuador, donde se implementaron acciones similares ante olas de violencia fuera de control.
Para respaldar su solicitud, la presidenta adelantó que buscará reuniones con legisladores y autoridades del sistema judicial. En dichos encuentros, planea presentar mapas de inteligencia policial que permitan visualizar la ubicación de los grupos criminales, cuestionando la razón por la cual, si se sabe dónde operan, no se procede a su arresto inmediato.
Desde el punto de vista jurídico, la Constitución Política de Costa Rica es clara al respecto. El artículo 121, inciso 7, establece que solo la Asamblea Legislativa puede suspender las garantías individuales mediante la declaración de un estado de excepción. En tales circunstancias, el Poder Ejecutivo podría ordenar detenciones en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar confinamientos, debiendo informar a la Asamblea en su reunión posterior sobre las medidas adoptadas para salvaguardar el orden público o la seguridad del Estado.
Sin embargo, la viabilidad política de esta propuesta es compleja. Para que la Asamblea Legislativa apruebe una suspensión de garantías, se requiere una mayoría calificada de al menos 38 votos. Actualmente, la bancada oficialista cuenta con 31 diputados, lo que obliga al Gobierno a buscar el respaldo de la oposición. No obstante, partidos como el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) ya han manifestado previamente que no apoyarían una iniciativa de esta naturaleza.
Además, existen restricciones temporales y sustantivas. Una suspensión de garantías no puede ser indefinida ni abarcar todos los derechos; el plazo máximo de extensión es de 30 días y debe estar plenamente justificada por razones de necesidad pública, tales como catástrofes, guerras o alteraciones graves del orden público.
Cabe mencionar que este tema ya había sido discutido en abril pasado, cuando la bancada oficialista intentó moderar el alcance de la propuesta tras la polémica generada en campaña, sugiriendo que la idea había sido malinterpretada y que no se trataba de una suspensión generalizada. Stephan Brunner, exvicepresidente del gobierno de Rodrigo Chaves, reforzó esta idea al indicar que solo se consideraría en una situación muy extrema.
Finalmente, la propuesta ha recibido críticas severas de especialistas. El abogado constitucionalista Luis Rodríguez advirtió que este debate suele abordarse con ligereza, sin medir el peligro de otorgar mayores poderes al Estado. Por su parte, el constitucionalista Marvin Carvajal calificó la medida como extremadamente peligrosa si se utiliza como herramienta política, subrayando que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público ya poseen el personal, la capacitación y las herramientas legales necesarias para combatir la crisis de homicidios sin necesidad de suspender derechos constitucionales. Ambos expertos coinciden en que el país aún dispone de mecanismos legales vigentes para enfrentar la inseguridad.
