La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado el informe titulado “Desaparición de Personas en México”, un documento exhaustivo que analiza los avances y los desafíos pendientes de las políticas adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar la crisis humanitaria de desapariciones desde el año 2018. En este reporte, el organismo internacional busca dar cuenta de la situación actual, reconociendo la ardua labor de las personas, familias y colectivos que dedican sus vidas a buscar a sus seres queridos en una lucha constante por alcanzar la verdad y la justicia.
El informe es tajante al señalar que la práctica de la desaparición de personas en México constituye una grave crisis de derechos humanos. Según los datos recopilados por la Comisión, al cierre del informe en junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas. A esta cifra se suma la alarmante situación de los cuerpos no identificados; el documento menciona que conteos independientes estiman la existencia de más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado que aún no han sido identificados.
En cuanto a la responsabilidad de estos hechos, la CIDH refiere que el crimen organizado es, en gran medida, el principal autor de las desapariciones. No obstante, el organismo advierte que las desapariciones forzadas —aquellas cometidas por funcionarios estatales— no han sido erradicadas. El informe documenta diversos casos donde estas desapariciones habrían ocurrido mediante la connivencia entre grupos del crimen organizado y autoridades encargadas de la seguridad, la procuración de justicia y actores políticos.
El fenómeno de la desaparición afecta a diversos sectores sociales con características particulares. El informe evidencia que niñas, niños y adolescentes son víctimas frecuentes debido al reclutamiento y el involucramiento forzado con el crimen organizado. Por otro lado, las desapariciones de mujeres y personas LGBTIQ+ presentan patrones basados en el género. Asimismo, se destaca la vulnerabilidad de los periodistas y defensores de derechos humanos, quienes son blanco de estos delitos por las labores que ejercen. El reporte también subraya que las personas migrantes sufren un ensañamiento particular debido a las condiciones de inseguridad extremas en sus rutas de tránsito.
En el ámbito de la prevención, la CIDH analiza la nueva estrategia de seguridad pública aprobada en 2025, la cual implementa una política denominada de “atención a las causas”. Sin embargo, la Comisión advierte que la impunidad sigue siendo un problema apremiante. Se evidencia una judicialización casi nula de los casos y una bajísima emisión de sentencias. Aunque se reconoce la judicialización de casi una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada en el último año, la CIDH considera que estos esfuerzos son limitados frente a la magnitud real del fenómeno.
El organismo identifica fallas críticas en la procuración de justicia, tales como la alta carga procesal, deficiencias en los procedimientos y errores en las técnicas de investigación. Entre estas deficiencias destaca la falta de planes e hipótesis de investigación que sigan líneas lógicas, así como la incorrecta clasificación de las conductas ilícitas en los tipos penales adecuados. Además, se señala que existe miedo al interponer denuncias y que, en muchos casos, el Estado ha invertido la obligación de investigar, trasladando dicha responsabilidad a las familias de las víctimas.
Respecto a la búsqueda, la CIDH valora el impulso de los colectivos, pero alerta sobre las graves situaciones de riesgo y amenazas que enfrentan las personas buscadoras. Si bien pondera la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020, señala que persiste una falta de coordinación entre las entidades de búsqueda y las de procuración de justicia. En materia de identificación humana, el informe califica los esfuerzos como de efectividad muy limitada, sugiriendo el fortalecimiento de los centros de identificación mediante la aplicación de un enfoque masivo.
En cuanto a la reparación y atención, se valora la creación de la dirección especializada en atención a colectivos y familiares de víctimas de desaparición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No obstante, persiste la preocupación por la capacidad operativa de las comisiones locales y los prolongados tiempos de espera para apoyos inmediatos. Sobre la memoria y la verdad, el informe destaca la creación de la comisión de la verdad para los hechos de la “Guerra Sucia”, pero denuncia que la falta de entrega de información por parte de instituciones militares ralentiza el acceso a la justicia y revictimiza a los familiares.
Finalmente, la CIDH propone 40 recomendaciones que incluyen la evaluación de la eficacia de las estrategias de seguridad, la implementación de búsquedas inmediatas diferenciadas, la interoperabilidad de registros y bancos de datos, y el resguardo digno de los cuerpos. También insta al Estado a garantizar apoyos económicos efectivos para las familias buscadoras y a asegurar la colaboración de las instituciones de seguridad e inteligencia en la provisión de información.
