La Abogacía del Estado ha presentado una solicitud formal ante el Tribunal Supremo para que se rechace la suspensión cautelar del proceso de regularización de inmigrantes. Esta petición surge como respuesta a los recursos interpuestos por diversas administraciones autonómicas, entre las que destaca la Comunidad de Madrid, así como por diversas entidades sociales y políticas, incluyendo a Hazte Oír. En el escrito remitido al Alto Tribunal, y al que ha tenido acceso RTVE, la representación jurídica del Gobierno sostiene que paralizar la aplicación del Real Decreto tendría una afectación directa sobre los derechos de las personas extranjeras interesadas en el proceso y, en consecuencia, perjudicaría gravemente el interés general.
El conflicto legal se centrará este miércoles en el Tribunal Supremo, donde se celebrarán cinco vistas distintas para analizar las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la formación política Vox, la entidad Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia. Todos estos actores han coincidido en solicitar que se suspenda la aplicación del Real Decreto mientras se resuelven los recursos principales que han interpuesto contra la norma. Es importante señalar que esta medida entró en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 14 de abril, estableciendo un calendario muy ajustado, ya que los interesados disponen de plazo hasta el próximo 30 de junio para completar todo el trámite de regularización.
Desde la perspectiva de la Abogacía del Estado, la suspensión de la norma en este momento procesal dejaría el decreto sin un efecto útil. Según argumenta la representación del Gobierno, una pausa en la aplicación de la ley dañaría el interés general y supondría, en la práctica, adelantar los efectos de una posible sentencia final que pudiera estimar las pretensiones de quienes han recurrido. De este modo, el Estado considera que conceder la medida cautelar sería equiparable a dar la razón a los recurrentes antes de que el tribunal haya dictado una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
Un punto crítico del escrito se centra en la respuesta a la petición planteada por la entidad Hazte Oír. Los servicios jurídicos del Estado han solicitado expresamente que el tribunal inadmitiera el recurso de dicha asociación basándose en una falta de legitimación de la recurrente o que, en su defecto, se acuerde la denegación de las medidas solicitadas. La Abogacía del Estado argumenta que la justificación presentada por Hazte Oír se fundamenta únicamente en una enumeración de fines estatutarios que resultan ser demasiado amplios y genéricos. Entre estos fines se mencionan la defensa de los valores constitucionales, la familia o la legalidad, así como diversas consideraciones abstractas sobre el impacto que la norma podría tener en la política migratoria general.
El escrito subraya que la asociación no ha logrado identificar qué beneficio real y propio obtendría con la anulación del Real Decreto, ni ha podido precisar qué perjuicio cierto y específico se evitaría en caso de que la norma dejara de aplicarse. Para reforzar esta postura, la Abogacía del Estado recuerda que el propio Tribunal Supremo ha establecido previamente que el mero interés abstracto en la defensa de la legalidad no es una razón legitimadora válida. Asimismo, indica que dicho interés no puede encajarse en una supuesta acción popular, la cual no existe en el ámbito del artículo legal en cuestión.
Finalmente, la Abogacía del Estado insiste en que existe una afectación directa a los derechos de los extranjeros interesados. El argumento central es que, de suspenderse el proceso, estas personas quedarían sumidas en una situación de vacío legal mientras esperan a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso interpuesto. Esta incertidumbre jurídica es la que, según el Gobierno, justifica que el proceso de regularización continúe su curso normal hasta la fecha límite establecida el 30 de junio, evitando así que el interés general se vea comprometido por las pretensiones de las administraciones y entidades recurrentes.
