Caos en las aulas valencianas: huelga indefinida paraliza la educación pública con movilizaciones masivas

La educación pública valenciana ha comenzado una huelga indefinida que, en su primera jornada, ha provocado un vacío significativo en las aulas y el despliegue de movilizaciones masivas en las principales ciudades de la Comunidad. La jornada se ha caracterizado por una profunda discrepancia en las cifras de seguimiento: mientras que los sindicatos cifran la participación entre el 80% y el 90%, la Consejería de Educación ha rebajado ese porcentaje al 50%.

El impacto del paro ha sido visible desde las primeras horas de la mañana. En el IES Lluís Vives, uno de los institutos de Secundaria más grandes de Valencia, el goteo de alumnos fue escaso. A pesar del paro, algunos estudiantes asistieron a clases críticas o exámenes, aunque expresaron su respaldo a las reivindicaciones docentes. Alumnos de 1º de Bachillerato y 1ª de la ESO manifestaron que los profesores tienen razón y necesitan ser escuchados. Por su parte, estudiantes de 2º de Bachillerato, aunque preocupadas por el posible perjuicio académico, denunciaron la precariedad de las instalaciones, señalando la falta de aire acondicionado y el hecho de que, durante el invierno pasado, la rotura de la caldera obligó a los alumnos a asistir con mantas a clases donde conviven hasta 30 personas.

La protesta no se limitó a los centros educativos. Al mediodía, las calles de Valencia, Alicante, Elche y Castellón fueron escenario de manifestaciones multitudinarias. En la capital valenciana, la Delegación del Gobierno contabilizó 20.000 asistentes, mientras que en Alicante participaron unas 12.000 personas según la Policía Nacional. En Castellón, la cifra superó los 5.000 manifestantes y en Elche rondó los 2.800. Durante las marchas, los huelguistas dirigieron sus consignas directamente a la titular de Educación, Carmen Ortí, coreando: “Ortí, escucha, la escuela está revuelta”.

El malestar se extiende también a la educación infantil y primaria. En el colegio Cervantes de Valencia, donde se mantienen los servicios mínimos, algunas madres han manifestado su apoyo al profesorado, denunciando el abandono de la escuela pública y la notable diferencia presupuestaria respecto a los centros concertados, sumado a una congelación salarial prolongada. En Castellón, la imagen de calles vacías frente a los colegios fue habitual, como ocurrió en el CEIP Mestre Caballero de Onda. Allí, docentes de primaria reivindicaron la necesidad de más recursos personales y materiales, calificando las ratios actuales de “inasumibles”, especialmente ante el incremento de alumnos con necesidades educativas especiales.

Las profesoras de Onda señalaron que trabajan con aulas de entre 23 y 25 alumnos, incluyendo menores con TEA, dislexia o retrasos madurativos. Reclaman una ratio ideal de 18 alumnos o la implementación de la codocencia, además de más especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, ya que muchos alumnos reciben solo una o tres horas de atención semanal cuando deberían recibir cinco.

Esta precariedad se agrava en otras zonas. En el IES Torrevigía de Torrevieja, el profesor interino de Filosofía Óscar González describió la situación de impartir clase a 35 alumnos en un barracón, advirtiendo que las temperaturas de mayo harán las condiciones insoportables. Por su parte, docentes del IES El Pla de Alicante destacaron la falta de adaptación a la realidad social, subrayando la necesidad de mayor atención para el alumnado recién llegado a España que desconoce el idioma.

Desde el frente sindical, el coordinador del STEPV, Marc Candela, calificó el primer día como un “éxito rotundo” y exigió una negociación real, denunciando que los servicios mínimos establecidos por la Generalitat son “abusivos” y ambiguos. Esta medida ha sido recurrida ante el TSJCV, que aunque rechazó suspenderlos cautelarmente, no entró en el fondo del asunto. Otros representantes sindicales, como José Seco (CSIF), Xelo Valls (CC OO) y Kilian Cuerda (UGT), han mostrado escepticismo ante la voluntad negociadora de la Generalitat, calificando las ofertas previas como irrisorias.

En respuesta, la consejera Carmen Ortí afirmó en À punt que los canales de diálogo siguen abiertos y que su intención es llegar a acuerdos, aunque ha preparado diversos planes según los escenarios que se presenten. El secretario autonómico, Daniel McEvoy, precisó que se han mantenido 29 reuniones desde septiembre y pidió a los sindicatos abandonar las “posiciones maximalistas”. McEvoy detalló que el seguimiento real del paro fue del 50,12%, con un 51,79% en Valencia, 49,02% en Alicante y 47,80% en Castellón.

Finalmente, el conflicto ha saltado al terreno político y legal. Los grupos parlamentarios del PSPV y Compromís han anunciado que presentarán una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos debido a una carta enviada por la consejera Ortí a las familias a través de la aplicación GVA Familias, la cual consideran que ha sido utilizada con fines partidistas.