En una diligencia clave para entender la estructura y el funcionamiento del grupo Sartor, Michael Clark compareció el pasado 10 de diciembre de 2024 ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El ingreso de Clark al piso 8 de la Torre I del organismo regulador, a las 10 de la mañana, marcó su primera declaración pública sobre la toma de control de Azul Azul y su rol específico dentro de Sartor, en un contexto de intervención del regulador. Durante la sesión, que duró dos horas y fue videograbada, Clark fue interrogado por Andrés Montes, fiscal de la Unidad de Investigación, contando con la asistencia de su abogado Antonio Rubilar.
Uno de los puntos más críticos de la declaración fue la revelación sobre la precariedad de los controles internos dentro del grupo. Según Clark, el visado de créditos se realizaba de manera acelerada y carente de rigor técnico, llegando al punto de aprobar operaciones financieras complejas a través de simples cadenas de correos electrónicos donde bastaba un "OK" para proceder. Esta confesión pone de relieve una gestión administrativa vulnerable en una entidad encargada de manejar fondos y activos significativos.
Respecto a su vinculación con Sartor, Clark detalló que el nexo comenzó en octubre de 2020. Tras haber trabajado en el Banco Penta en 2014, fue contactado por personas de Sartor que buscaban una visión profesional externa, ya que sus fondos le parecieron innovadores para el mercado chileno. Fue en ese periodo cuando fue invitado a participar del directorio y conoció a figuras centrales como Pedro Pablo Larraín y Alfredo Harz. No obstante, durante su comparecencia, Clark intentó posicionarse como un actor secundario, asegurando ser únicamente un director independiente de Sartor AGF. Enfatizó que no es socio de dicha sociedad, no participa en la propiedad de ninguna empresa del grupo, no tiene oficina ni correo corporativo, y que su presencia se limitaba a reuniones de directorio una o dos veces al mes.
La CMF, sin embargo, puso el foco en los potenciales conflictos de interés derivados de su rol como director y acreedor. Clark explicó que posee tres sociedades: Redwood Capital SpA, dedicada a la asesoría financiera y de la cual es dueño al 100%; y Antumalal y Kaysen, ambas de inversiones. Sobre Kaysen, aclaró que no tiene inversiones en Sartor y que la sociedad, compuesta también por su cónyuge Andrea Toro Cunha y Christian Cheetham Moreno, posee un terreno arrendado a Gasco. En el caso de Antumalal, definió que esta mantenía cuotas del fondo Tactical Sport, sociedad de responsabilidad limitada donde Clark posee el 90% y su esposa el 10%.
El cronograma de los hechos revela una coincidencia temporal que llamó la atención del regulador. Apenas diez días después de su declaración en la CMF, el 20 de diciembre de 2024, la Universidad de Chile informó que Clark, a través de Antumalal, se había convertido en el dueño de Tactical Sport, la cual posee el 63,07% de las acciones de Azul Azul S.A. Ante esto, la CMF obligó a Clark a realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA). En su respuesta, Clark admitió que el 13 de diciembre de 2024 —solo tres días después de declarar ante el fiscal—, Inversiones Antumalal Limitada adquirió el 90% de las cuotas de Tactical Sport, pagando un total de US$ 5.719.482, a un valor de US$ 0,90 por cuota.
Sobre Redwood Capital SpA, Clark reconoció que la sociedad solicitó un crédito de 875 millones de pesos a la AGF en septiembre de 2023 para refinanciar pasivos. Aseguró que no votó en el comité de riesgos por ser una operación con él mismo y que la tasa fue de mercado. Esta deuda fue extinguida en julio de 2024 mediante un financiamiento basado en el mandato de un cliente, cuya identidad no fue revelada, quien financió la operación para pagar el crédito a Sartor.
Finalmente, Clark admitió haber aprobado en el comité de crédito flujos de dinero hacia sociedades de los controladores de Sartor, incluyendo a Pedro Pablo Larraín. Justificó su voto basándose en que las áreas de riesgo y comercial habían emitido opiniones favorables y que la mayoría de estas operaciones estaban pagadas. Para deslindar su responsabilidad, sostuvo que el área de Compliance y la gerencia de riesgos debieron haber advertido sobre estas situaciones, explicaciones que, según él, nunca recibió. Respecto al caso Primus, negó cualquier relación con Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar o Antonio Guzmán, aunque admitió que este último es vecino en su condominio y podrían compartir chats comunitarios.
