El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, ha manifestado su respaldo formal a los resultados de un informe técnico que desaconseja, en la etapa actual, la habilitación de vuelos comerciales regulares en el aeródromo Bernardo O’Higgins de la ciudad de Chillán. La decisión se fundamenta principalmente en el alto costo económico que implicaría la obra y la falta de una justificación social suficiente para destinar tales recursos en el contexto presente de la región y del país.
De acuerdo con las declaraciones de la autoridad, el proyecto para convertir el aeródromo en un centro de operaciones comerciales requeriría una inversión estimada en cientos de miles de millones de pesos. Para el ministro Arrau, una cifra de tal magnitud no resulta viable ni justificable socialmente cuando se contrastan las necesidades urgentes que afectan a la ciudadanía en diversas áreas críticas.
Este pronunciamiento ocurre tras la revelación de los resultados del estudio denominado Diagnóstico y análisis de demanda aérea del aeródromo General Bernardo O’Higgins. El documento técnico concluyó que, si bien existe un interés manifiesto y una demanda aérea eventual en la zona, actualmente no se reúnen las condiciones técnicas ni económicas necesarias para que el Estado asigne recursos públicos destinados a establecer vuelos comerciales de carácter permanente.
El ministro Arrau fue enfático al señalar que la gestión de los fondos públicos debe regirse por un criterio de prioridad. En este sentido, sostuvo que el Estado tiene la obligación de enfocar las inversiones en sectores que impactan de manera más directa y urgente en la calidad de vida de los habitantes, mencionando específicamente proyectos de agua potable rural, mejora de caminos, seguridad, salud y conectividad urbana. Al respecto, el secretario de Estado afirmó que es imperativo ejecutar obras que sean verdaderamente útiles para los chilenos, destacando la importancia de avanzar en la conectividad interna de Chillán y en diversas obras rurales que aún se encuentran pendientes.
No obstante, el informe no cierra todas las puertas a la actividad aérea en el recinto. El estudio establece que el aeródromo podría operar vuelos charter, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones específicas y se obtengan las autorizaciones correspondientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Sin embargo, el documento advierte que existen restricciones operacionales que podrían afectar la rentabilidad de este tipo de servicios.
Ante la posibilidad de que se interprete esta decisión como un descuido de la infraestructura regional, el Ministerio de Obras Públicas fue claro al descartar el abandono del recinto. La cartera aseguró que se continuarán ejecutando mejoras progresivas tanto en la infraestructura como en el estándar operacional del aeródromo, garantizando que el lugar mantenga su funcionalidad básica y mejore sus capacidades actuales.
Desde la Delegación Presidencial de Ñuble, el delegado Diego Sepúlveda salió en defensa de la postura del Ministerio. El funcionario señaló que el Gobierno debe actuar con un sentido de responsabilidad estricto en el uso de los recursos públicos, evitando gastos excesivos en proyectos que no cuenten con la viabilidad técnica y económica demostrada.
Por otro lado, la postura del Gobierno Regional difiere de la visión central. El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, ha insistido en la necesidad de impulsar el proyecto aeroportuario, argumentando que la región de Ñuble requiere de infraestructura estratégica para fomentar su crecimiento económico y mejorar la conectividad con el resto del país. Ante esta insistencia, el ministro Arrau respondió que el Gobierno Regional posee las facultades legales y administrativas para priorizar recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) si decide avanzar de manera autónoma en iniciativas de esta naturaleza.
Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas confirmó que no ha cerrado el análisis de la red aeroportuaria en la zona centro sur del país. La institución seguirá evaluando diversas alternativas, incluyendo el potencial desarrollo de la carga aérea y el seguimiento de las proyecciones de demanda futura, con el fin de ajustar la infraestructura a las necesidades reales de la población y la economía regional.
