La administración estatal de Campeche se encuentra actualmente en el centro de una serie de controversias derivadas de denuncias ciudadanas que señalan presuntas irregularidades en el manejo de los programas sociales y la distribución de apoyos gubernamentales. Específicamente, se ha puesto el foco sobre la gobernadora Layda Sansores San Román, su hermana Laura Sansores y el secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, quienes son señalados por el presunto uso de apoyos pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal Campeche con fines de promoción política anticipada.
De acuerdo con la información recabada a través de diversas denuncias emitidas por ciudadanos, estas actividades se habrían desarrollado en distintas colonias de la capital del estado. Los reportes indican que se realizaron recorridos en al menos cuatro colonias diferentes, donde se llevaron a cabo entregas de apoyos materiales. Entre los artículos distribuidos, destacan la entrega de despensas y flores, las cuales habrían sido otorgadas específicamente a familias que han sido identificadas con el partido Morena, dejando fuera a otros sectores de la población que no comparten dicha afinidad política.
El modo en que se llevaron a cabo estas entregas ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la sociedad civil. Según los testimonios recogidos, mientras se distribuían los recursos del DIF, funcionarios públicos y personajes cercanos al grupo político dominante en la entidad convivían estrechamente con los beneficiarios. Los reportes describen escenas donde los señalados saludaban a los presentes y participaban en actividades sociales, incluyendo bailes en medio de las entregas, lo que ha sido interpretado como un esfuerzo deliberado de acercamiento personal y posicionamiento político, más que como una acción puramente asistencial, administrativa o de servicio social.
El punto central de la polémica reside en el presunto uso faccioso de los recursos públicos. Las denuncias subrayan que los programas sociales, los cuales están diseñados legalmente para atender a los sectores más vulnerables de la población sin distinción alguna de índole partidista, estarían siendo utilizados como herramientas de posicionamiento político estratégico. Este despliegue de apoyos, según los críticos y denunciantes, ocurre en un contexto de preparación rumbo a futuros procesos electorales, lo que encuadraría directamente en la figura de promoción política anticipada, una práctica cuestionada en el marco de la legalidad electoral.
Esta situación ha generado un clima de inconformidad considerable en diversos estratos de la sociedad campechana. Tanto ciudadanos comunes como diversos actores políticos han manifestado su rechazo ante la posibilidad de que el presupuesto destinado al bienestar social sea desviado para fortalecer la imagen de figuras específicas dentro del gobierno estatal y su círculo familiar o cercano. La indignación radica fundamentalmente en que el DIF, como institución asistencial, debería operar bajo principios estrictos de imparcialidad, equidad y transparencia, alejándose de cualquier actividad que pueda interpretarse como proselitismo o favorecimiento político.
La presencia coordinada de la hermana de la gobernadora, Laura Sansores, junto al secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, en estos recorridos por las colonias, refuerza las acusaciones sobre la organización de una estrategia de posicionamiento planificada. El hecho de que la entrega de apoyos básicos haya coincidido con actividades de convivencia social y bailes en las colonias visitadas ha sido visto por los observadores como una evidencia del carácter político y no social de las jornadas realizadas.
En resumen, las denuncias ciudadanas ponen de manifiesto una grave preocupación sobre la gestión de los apoyos del DIF Estatal Campeche. El señalamiento directo hacia la gobernadora Layda Sansores y sus colaboradores cercanos plantea un cuestionamiento profundo sobre la ética en el manejo de los recursos públicos y el respeto a la normativa electoral vigente en el país. La comunidad y los actores políticos locales permanecen atentos al desarrollo de estas acusaciones, esperando que se esclarezca si efectivamente se utilizó el presupuesto público para fines de promoción política anticipada en beneficio de un grupo político específico, afectando así la neutralidad de las instituciones estatales.
