La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha manifestado su preocupación y se ha sumado a los diversos llamados ciudadanos y sociales para garantizar que se respete el interés superior de la niñez en México. Esta postura surge como respuesta directa al reciente anuncio realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la gestión de su titular, Mario Delgado Carrillo, quien planteó un ajuste significativo al calendario escolar correspondiente al ciclo 2025-2026, el cual implicaría un recorte de más de cinco semanas de clases.
En un pronunciamiento oficial, el organismo defensor de los derechos humanos advirtió que las disposiciones presentadas por la SEP se han planteado bajo la premisa de ser medidas emergentes y temporales. Según la autoridad educativa, estos ajustes tendrían como objetivo atender diversas problemáticas públicas que surgirían en el marco de la organización y realización del Mundial de Fútbol de 2026, además de considerar factores climáticos. Sin embargo, la CNDH fue enfática al señalar que este tipo de soluciones no ofrecen una respuesta que pueda calificarse como duradera, eficiente ni eficaz para resolver los retos planteados.
Por el contrario, la CNDH sostiene que el recorte de las jornadas escolares provoca un efecto colateral crítico: el traslado de la carga de las obligaciones públicas hacia las personas cuidadoras. Esta situación repercute de manera directa y negativa en el bienestar general de los menores de edad y de quienes tienen la responsabilidad de su cuidado diario. El organismo destacó que existe una desconexión preocupante entre las decisiones administrativas de la SEP y la realidad social y laboral del país.
De acuerdo con el análisis de la Comisión, lo planteado por la SEP impacta exclusivamente en las jornadas educativas de los niños, niñas y adolescentes, pero no contempla ningún ajuste en las jornadas laborales de los padres, madres o tutores. Esta disparidad temporal genera un escenario donde los menores podrían quedar en situación de abandono temporal, permaneciendo solos en el hogar mientras sus cuidadores cumplen con sus obligaciones laborales, ya que la mayoría de las personas que ejercen el cuidado atraviesan contextos laborales rígidos que no permiten flexibilidad.
Esta circunstancia, según la CNDH, coloca a la infancia en un estado de vulnerabilidad alarmante. Al privar a los menores del acompañamiento y cuidado necesario para su desarrollo integral, se les expone a diversas afectaciones. El organismo detalló que la falta de supervisión puede derivar en problemas en dimensiones físicas, motoras, cognitivas, emocionales y sociales, cuyas consecuencias podrían manifestarse a corto, mediano y largo plazo.
Asimismo, la CNDH subrayó que no todas las familias cuentan con redes de apoyo suficientes que permitan garantizar la protección y atención debida de los menores durante esas semanas recortadas. Esta carencia de soporte incrementa el riesgo de que los niños y adolescentes sufran diversos tipos de violencia, lo cual contraviene directamente lo establecido en el artículo 17, fracción III, de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ante este panorama, la CNDH hizo un llamado urgente a todas las autoridades competentes, con especial énfasis en la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Solicitó que se lleve a cabo una revisión exhaustiva del recorte de clases anunciado. El organismo insistió en que cualquier modificación al calendario escolar no debe basarse únicamente en la coyuntura de un evento público o en factores climáticos, sino que debe tener como eje central el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, principio consagrado en el artículo 3 constitucional. Finalmente, instó a generar mecanismos que aseguren que, al emitir nuevas disposiciones, se tomen en cuenta los contextos reales y se atiendan las problemáticas sociales que podrían derivarse de su aplicación.
