Las autoridades venezolanas procedieron el pasado viernes a la exhumación del cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, un ciudadano calificado como preso político. Esta acción se llevó a cabo luego de que el Gobierno de Venezuela admitiera, el jueves previo, que el hombre había fallecido hace nueve meses, hecho que había permanecido oculto para sus familiares y el público general hasta ese momento. A raíz de este reconocimiento, la Fiscalía ordenó el inicio de una investigación formal con el objetivo de identificar a los responsables del silencio mantenido por el Estado durante todo ese periodo.
De acuerdo con declaraciones brindadas a la agencia EFE por Martha Tinedo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la exhumación se realizó contando con la presencia de Carmen Navas, madre del fallecido, quien estuvo acompañada durante el procedimiento. La diligencia tuvo lugar en un cementerio ubicado en el sureste de la capital, Caracas. En el sitio se desplegaron patrullas del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC). Según la información oficial, este organismo inició las indagaciones sobre el caso en el mes de marzo, tras haber tomado conocimiento de la situación a través de publicaciones en redes sociales.
La organización no gubernamental JEP manifestó su profunda preocupación respecto a la independencia y transparencia del proceso investigativo. Tinedo señaló que la comisión encargada debería haber estado compuesta por investigadores independientes y, preferiblemente, de carácter internacional. La ONG lamentó que la investigación ya hubiera comenzado bajo la estructura actual, aunque subrayó que continuarán exigiendo que el proceso conduzca a la verdad y al establecimiento claro de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
Tras concluir la exhumación, se constató que los restos de Quero Navas fueron trasladados en una carroza fúnebre. Este traslado fue escoltado por una caravana compuesta por funcionarios del CICPC y representantes de la Defensoría del Pueblo. El cortejo fúnebre llegó a un segundo cementerio, también situado en el sureste de Caracas, pasadas las 18:00 hora local (22:00 GMT). En este segundo punto de destino, el acceso de la prensa fue restringido, impidiendo el seguimiento de las actividades finales del traslado.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) emitió una condena categórica sobre la situación vivida por Carmen Navas. La madre, que tiene más de 80 años, se vio obligada a reconocer los restos de su hijo en circunstancias que, según la organización, estremecen al país. El OVP señaló que este caso pone en evidencia la crueldad de un sistema capaz de desaparecer a personas, ocultar información vital a las familias y silenciar la verdad sobre una muerte durante meses.
Víctor Hugo Quero Navas había sido detenido el 1 de enero de 2025. Según los registros de la ONG Foro Penal, el motivo aparente de su arresto estaba vinculado a su pasado institucional, basándose en la suposición de que había prestado servicio militar en el año 2023. Durante meses, su madre denunció públicamente tanto la detención como la desaparición forzada de su hijo, sin obtener respuestas claras hasta que el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó oficialmente su fallecimiento el jueves pasado.
En un comunicado oficial, el organismo estatal informó que Quero permaneció recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, cercano a Caracas, desde el 3 de enero de 2025. El reporte indica que fue trasladado a un centro hospitalario el 15 de julio del mismo año, luego de presentar un cuadro clínico caracterizado por síndrome febril agudo y hemorragia digestiva superior. Aproximadamente diez días después de su ingreso al hospital, el preso político falleció debido a una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar.
Este caso se suma a una tendencia alarmante reportada por la JEP y la ONG Provea, quienes informaron que un total de 27 personas detenidas por motivos políticos han muerto bajo custodia estatal desde el año 2014. En esta lista de víctimas se encuentra también Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez, quien falleció en prisión en 2021 tras haber permanecido detenido durante 12 años.
Los datos recopilados por Provea y JEP indican que el año con la mayor incidencia de muertes bajo custodia estatal fue 2024, con cinco casos registrados. Le siguen los años 2019 y 2025, ambos con cuatro fallecimientos cada uno. Ambas organizaciones publicaron la lista nominal de los fallecidos, detallando las fechas de sus muertes para visibilizar la problemática.
Finalmente, las organizaciones JEP y Provea advirtieron que estas 27 muertes son una prueba de la vulnerabilidad de los ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de frenar los abusos de poder. En consecuencia, señalaron que en Venezuela es urgente iniciar un proceso genuino de reinstitucionalización que coloque la garantía y el respeto a los derechos humanos en el centro de la gestión pública.
