En la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la realidad de una escuela básica revela una situación límite donde la educación lucha por sobrevivir frente al avance del crimen organizado y la precariedad del entorno. El establecimiento, que en el pasado cargó con el estigma de ser conocido como “La ratonera”, hoy se encuentra en una batalla diaria para sostener los procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto marcado profundamente por la inseguridad y el tráfico de drogas.
Con una matrícula reducida de 147 estudiantes, el centro educativo se ha transformado en un espacio de resistencia, pero también en un lugar donde los límites entre la labor pedagógica y la supervivencia se han desdibujado. La gravedad de la situación es tal que los docentes y directivos del establecimiento han tenido que asumir roles que exceden completamente sus funciones profesionales. Ante la ausencia de un respaldo institucional suficiente, el equipo educativo ha debido gestionar la ayuda y la seguridad por sus propios medios, enfrentando una realidad territorial donde el control no lo ejerce el Estado, sino el narcotráfico.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta cotidianidad es la necesidad de establecer canales de comunicación directos con los narcotraficantes de la zona. Los profesores se han visto obligados a “dialogar” con quienes controlan el tráfico de drogas en los alrededores para intentar garantizar la protección de los alumnos. Este tipo de gestiones, nacidas de la desesperación y la urgencia de resguardar la integridad física de los niños, demuestra la vulnerabilidad extrema a la que están expuestos tanto los educadores como los estudiantes en Pedro Aguirre Cerda.
La inseguridad no se manifiesta solo en las puertas del colegio, sino que ha penetrado en la planificación misma de la jornada escolar. En este establecimiento, la práctica de protocolos anti balaceras se ha vuelto parte de la rutina. Los niños y adultos deben saber cómo reaccionar ante el sonido de los disparos, convirtiendo una medida de emergencia en una herramienta de supervivencia cotidiana. La normalización de estas prácticas evidencia el nivel de violencia que rodea la escuela y el impacto psicológico que esto conlleva para una población estudiantil en edad básica.
Además de las amenazas externas, el cuerpo docente enfrenta el desafío de lidiar con las consecuencias sociales del entorno dentro de las salas de clases. Los profesores deben contener a niños que replican la lógica de la calle en su comportamiento escolar. La violencia, la jerarquía del crimen y las dinámicas de confrontación que los estudiantes observan en sus barrios son trasladadas al espacio educativo, obligando a los docentes a realizar una labor de contención emocional y conductual constante, tratando de desarticular patrones de conducta agresivos que son el reflejo directo de la inseguridad que viven fuera del aula.
La gestión de ayuda por cuenta propia, mencionada por los directivos y docentes, subraya la sensación de abandono en la que se encuentra el establecimiento. La lucha por mantener la escuela abierta y funcional depende, en gran medida, de la capacidad de gestión individual de quienes trabajan allí, quienes deben navegar entre el peligro externo y el caos interno. La escuela, que alguna vez fue señalada por su estigmatización social, hoy intenta redimirse como el único refugio seguro para sus 147 alumnos, aunque ese refugio sea frágil y dependa de acuerdos informales con el crimen organizado para evitar tragedias.
En resumen, la situación de esta escuela básica en Pedro Aguirre Cerda es el reflejo de una crisis donde la educación se ve asediada por la realidad del narcotráfico. El esfuerzo de los profesores por proteger a sus alumnos, mediante el diálogo con criminales y la implementación de medidas ante tiroteos, pone de manifiesto la precariedad de la seguridad en el sector y el peso desproporcionado que recae sobre los hombros de los educadores para salvar el futuro de los niños en medio de un entorno hostil.
