En el actual escenario del debate público, se hace evidente una brecha profunda entre la lógica que reproduce la política y la capacidad de resolución que emerge cuando la ciudadanía conversa. Comprender el pulso real de una sociedad se ha vuelto una tarea compleja, ya que las herramientas tradicionales suelen fallar: las encuestas capturan opiniones que ya están cristalizadas, mientras que los algoritmos de las redes sociales tienden a amplificar los extremos, otorgándoles una visibilidad desproporcionada. Los medios de comunicación, al reproducir estas posiciones polarizadas, contribuyen a empobrecer el debate, encerrándolo en dilemas simplistas donde prosperan los diagnósticos ideologizados y las propuestas reduccionistas.
Este entorno de percepción catastrófica, donde se sostiene que todo está mal, que el Estado está quebrado y que las calles son peligrosas, termina legitimando la idea de una refundación total bajo la premisa de que, si la situación es crítica, cualquier medida es válida. Alternativamente, surge una solución igualmente simplista basada en la eficiencia económica: la creencia de que si los negocios prosperan, el resto de la sociedad lo hará por añadidura, una versión modernizada de la vieja lógica del chorreo.
Frente a este círculo vicioso, el antídoto reside en la creación y mantenimiento de espacios, capacidades y prácticas de conversación. Se trata de lugares diseñados para procesar tensiones, donde se reconozca el valor de la opinión ajena y se procesen las diferencias. En estos encuentros, las ideas circulan y las personas escuchan razones distintas a las propias, lo que permite que las opiniones cambien y emerjan acuerdos imprevistos. Esta visión coincide con el planteamiento del sociólogo Jesús Ibáñez, quien sostenía que la conversación no se limita a registrar lo que la gente piensa, sino que produce el pensamiento mismo, permitiendo que la sociedad elabore sus contradicciones y construya posiciones que permitan avanzar.
A pesar de la escasez de estos espacios en Chile, en los últimos años se han registrado tres procesos conversacionales de alta convocatoria que demuestran este potencial. Primero, los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA) del proceso constituyente de Bachelet en 2016, que reunieron a más de 127.000 personas. Segundo, los cabildos autoconvocados durante el estallido social entre 2019 y 2020, que sumaron 1.233 encuentros sistematizados por doce universidades. Finalmente, la iniciativa Tenemos que Hablar de Chile, coordinada por la Universidad de Chile y la PUC, que ha llegado a más de 300.000 personas en todas las comunas y regiones del país mediante talleres, encuentros presenciales y consultas digitales.
Estos procesos han permitido encontrar salidas a dilemas que la política actual no logra resolver. El primero es la oposición entre Estado y mercado, o entre protección y mérito. De las conversaciones en los cabildos y en Tenemos que Hablar de Chile no surge ni una refundación ni un neoliberalismo, sino demandas concretas y transversales: salud universal, educación sin deuda, pensiones dignas, trabajo decente y el agua como bien común. Los ELA ya apuntaban en 2016 a transitar desde un Estado subsidiario hacia un Estado de derecho democrático y social orientado al bien común.
El segundo dilema enfrenta la seguridad con la convivencia, sugiriendo que el orden y el tejido social son incompatibles. Las propuestas ciudadanas indican que la seguridad no es solo un problema policial de mano dura, sino una condición que se construye. Por ejemplo, en Tenemos que Hablar de Chile se pide fortalecer los controles fronterizos y endurecer penas para reincidentes, pero simultáneamente se demanda fomentar programas preventivos culturales, deportivos y sociales para jóvenes, además de recuperar los espacios públicos.
El tercer dilema es el más profundo: la tensión entre el individuo y el colectivo. El bien común fue uno de los valores prioritarios en los ELA de 2016, reconociendo una ruptura en los vínculos sociales e institucionales. Esto es confirmado por las narrativas de Tenemos que Hablar de Chile, donde predominan emociones de desesperanza, miedo y orfandad, pero también una percepción de potencial colectivo sin cauce. La conclusión es que el bienestar individual no puede sostenerse en el vacío.
La ciudadanía, al conversar, no elige una opción excluyente, sino que integra y matiza las tensiones. Sin embargo, los actores políticos parecen ignorar estos procesos, posiblemente porque la lógica electoral reduce la democracia a una elección entre el candidato A o B. Además, existe una atrofia de la capacidad deliberativa en Chile, ausente en escuelas, marginal en el trabajo y débil en la vida universitaria.
Esta debilidad tiene consecuencias institucionales. Un ejemplo es la decisión del Gobierno de recortar o eliminar más de 260 programas sociales sin consultar a los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), organismos creados por ley precisamente para el diálogo social. Al marginar estos mecanismos, se ignora una infraestructura de participación que costó años construir. La polarización no es inherente a la sociedad chilena, sino el resultado de mecanismos de acuerdo obstruidos. Lo que falta es hábito y confianza en que la conversación, aunque no genere cambios inmediatos, es el único espacio donde la sociedad se reconoce y decide qué defender.
